Elementos de la Policía Federal Ministerial dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), peritos y agentes del Ministerio Público realizaron este jueves cateos en diversos inmuebles de la capital de Colima como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, quienes fueron asesinados el pasado 16 de junio.

Funcionarios federales señalaron que estos cateos han incluido el domicilio del juzgador –a las puertas del cual un grupo de hombres armados abrió fuego en su contra–, un taller mecánico y otras viviendas.

Presuntamente, y de acuerdo con versiones extraoficiales en la inspección llevada a cabo en un domicilio de la colonia Viveros en la ciudad de Colima, las autoridades federales habrían localizado uno de los vehículos utilizados por el grupo de hombres armados que asesinaron al impartidor de justicia.

De manera oficial la FGR no ha dado a conocer los resultados de la investigación, sin embargo fuentes federales indicaron que una de las principales líneas consiste en que los homicidios habrían sido cometidos por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

El juez Villegas Ortiz, que ingresó al Poder Judicial de la Federación en 2017, se desempeñó hasta diciembre pasado como juez sexto de distrito en el estado de Jalisco y ahí desahogó casos relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos un juicio de amparo promovido por la defensa de Rubén Oseguera, El Menchito, quien pretendía que se le trasladara al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 Occidente, que se localiza en Puente Grande, Jalisco.

Oseguera, quien buscaba impedir su entrega en extradición a autoridades de Estados Unidos, finalmente fue cambiado de prisión federal y pasó muy poco tiempo en el Cefereso número 2 para luego ser llevado a la prisión federal que se localiza en Hermosillo, Sonora, de donde fue entregado a autoridades estadunidenses en febrero de este año.

Asimismo, el juez Villegas Ortiz atendió expedientes relacionados con integrantes de otros grupos delictivos por lo cual la FGR no descarta que su homicidio y el de su esposa hayan sido ordenados por grupos delictivos.

El impartidor de justicia pidió desde 2019 que se le retirara la protección institucional por lo que a su cambio de adscripción en enero pasado –de Jalisco a Colima–, no contaba con escoltas al momento de la agresión.