La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México hizo un llamado a garantizar la reparación integral del daño a las víctimas de tortura, que suman 903 integradas en las 71 recomendaciones emitidas en los pasados 25 años, y a la armonización legislativa en función de la ley general en la materia.

Con ello, dijo, se busca contribuir a la prevención, investigación científica y sanción de esta grave violación a los derechos humanos, que impacta significativamente la vida de las víctimas y ha derivado también en 929 quejas, de enero de 2012 a abril pasado.

De ese número, 370 siguen en investigación, en su mayoría dirigidas a la Procuraduría General de Justicia –ahora fiscalía– y a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno capitalinas, por depender de ésta última el sistema penitenciario.

La tortura es una de las violaciones a derechos humanos más atroces; su práctica ha sido catalogada como crimen de lesa humanidad y, dependiendo del contexto de su aplicación, también es calificada de crimen de guerra en situaciones de conflicto armado.

Este delito lo cometen los servidores públicos, ya sea porque no lo impidieron, aun cuando conocían que sucedía; porque participaron en él o porque cometieron de lleno la conducta, lográndose a la fecha que 66 recomendaciones hayan sido aceptadas.

Se trata de satisfacer el derecho a la verdad y justicia de las víctimas directas e indirectas, es decir, a garantizar la reparación integral del daño que han sufrido 903 víctimas de tortura reconocidas en las recomendaciones.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura este viernes, señaló que en las 929 quejas interpuestas se incluyen mil 431 víctimas, de las cuales más de 78 por ciento son hombres, aunque las mujeres son más propensas a ser víctimas de tortura sexual.

La perspectiva de género y el enfoque diferenciado siempre deben estar presentes, tanto en el diseño de las medidas de prevención como en las de investigación y sanción de la tortura, afirmó.

Hoy, expuso, es necesario fortalecer la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGJ y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, para que se sancione a los responsables de tortura.

Por su parte, el sistema penitenciario debe agilizar las medidas internas para que los servidores públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad no realicen actos de tortura, consideró.