De controversias, farsas e intereses
a controversia constitucional que enderezó la presidencia de la Cámara de Diputados –panista– en contra del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para efectuar tareas de seguridad pública, que se publicó el 11 de mayo de este año en el Diario Oficial, podría venirse abajo porque, como es costumbre panista, la demanda parece estar cargada de intereses partidistas y no precisamente de razones de ley.
Aunque es muy difícil estar de acuerdo con la idea de que el resguardo, la seguridad de los habitantes del país quede en manos de militares, no obstante que esto sea el resultado de la profunda crisis que provocó el panismo en esa guerra contra el narco que ahora parece revelarse como una farsa, donde sólo importaban los intereses monetarios de los funcionarios del régimen panista, es necesario decir que todo indica que esta vez el actuar de los militares no será por el capricho o los beneficios económicos que produzca la movilización, sino porque no dejaron puerta de escape.
Como en vodevil, el panismo va de farsa en farsa y hoy toca a la abogada Luisa Conesa –egresada de la Universidad Panamericana, escuela a la que se acusó en varias a ocasiones de ser parte del Opus Dei, y donde también se licenció, como ella, Enrique Peña Nieto– ser la estrella del espectáculo.
Aunque no la podemos ubicar como militante del PAN, Conesa Labastida parece tener un ADN más azul que el de los pitufos. Vamos, su quehacer profesional la pinta más panista que el PAN. Algunos datos dan idea de su genuino andar: desde hace cuando menos un par de años ha sido cabeza de las demandas del PAN en diferentes asuntos contrarios al gobierno, como en su momento lo denunció el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.
La abogada es, hasta donde sabemos, asesora de Ifetel, que está lleno de interrogantes sin respuestas, por ejemplo en el controvertido tema de los slots; también actuó en contra de la Ley de Remuneraciones que sostuvo la necesidad de que ningún funcionario obtuviera más ingresos que el Presidente de la República, siempre en contra del gobierno y ligada al PAN.
También es hermana del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, relación que no tendría nada de particular si no fuera porque es el gran amigo, y compañero de trabajo, de Javier Arrigunaga Gómez del Campo, presidente del consejo de administración de la aerolínea, primo carnal de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y como ya se sabe, el firmante de los famosos pagarés del Fobaproa
. Es decir, azul por donde se mire.
No, su presencia en la controversia a la que aludimos al principio no es ilegal, pero exhibe una postura política que enrarece el conflicto legal, es decir, parece que no se trata de evitar un acto que pudiera no estar apegado a derecho, sino de hacer que el gobierno zozobre; parece que no se pretende lograr justicia ni combatir la ilegalidad, sino buscar el fracaso de la idea que representa Andrés Manuel López Obrador, aunque en ello vaya la suerte de millones de mexicanos asfixiados por la corrupción y el saqueo que propició en buena medida el gobernar panista. Esa parece la intención. Entonces, sería prudente que los azules le bajaran dos rayitas al color, cosa que ya deberá estar en la conciencia de los juzgadores de la Suprema Corte.
Por cierto, ¿qué no existe un aparato jurídico dentro de la Cámara de Diputados que pudiera representar los intereses de la institución?
De pasadita
La aclaración resulta más que pertinente por aquello de que hay a quienes se les cargan todos los pecados, por ejemplo de la iniciativa privada. Uno de esos casos es el de Gilberto Lozano, un tipo enloquecido que vive para difamar no sólo al Presidente de la República, sino también trata de hacer creer que quien mueve los hilos de sus movimientos es José Antonio Fernández, presidente en México de Femsa, con quien no tiene ninguna relación desde hace cuando menos 20 años. Para no ir muy lejos, Roberto Campa, director de asuntos corporativos de esa empresa, lo califica de imbécil
. ¿Algo más?
