na de las características más dramáticas de la situación por la que atravesamos es que desconocemos buena parte de lo que nos espera a corto, mediano y largo plazos. Se trata de enormes incertidumbres que cuestionan la normalidad con que funcionábamos en la sociedad del conocimiento
. Sobre lo que hay total certidumbre es que enfrentamos una contracción muy severa. Sobre esto hay disponible información que da cuenta de la magnitud de las dificultades y, en consecuencia, permite prever lo que necesitaremos para revertir los impactos mayores de la crisis en curso.
Sabemos con certeza que la crisis sanitaria provocada por el Covid 19 no ha sido resuelta y que sus efectos seguirán sintiéndose. Sabemos, además, que la posibilidad de descubrir una vacuna, aunque es clara, está aún lejos en el tiempo. La expectativa es que para disponer de esta vacuna, producir las dosis necesarias globalmente y para que se aplique a la población mundial, tendremos que esperar entre 12 y 24 meses. Consecuentemente, la nueva normalidad
en la que persiste la sana distancia, cubrebocas y medidas sanitarias extremas, permanecerá por lo menos hasta el verano de 2021.
Sabemos ya que el impacto de la crisis sanitaria sobre la producción y el empleo a escala global es considerable. Por ello, la actualización de junio de las estimaciones del FMI indica que la economía mundial se reducirá 4.9 por ciento este 2020. Las economías desarrolladas se contraerán 8 por ciento este año y las emergentes se reducirán 3 por ciento. Estados Unidos caerá 8 por ciento; las economías de la zona euro lo harán en 10.2, con contracciones superiores al 12 por ciento en Francia, Italia y España; China logrará apenas crecer un punto porcentual y en América Latina y el Caribe la contracción llegará al 9.4, con las mayores reducciones para México, 10.5, y Brasil, 9.1. Este es el impacto de lo que se ha denominado la Gran Reclusión.
Con una reducción de esta envergadura, la situación en México es alarmante. La encuesta que busca conocer los impactos de esta crisis en el bienestar de los hogares mexicanos, levantada por la Universidad Iberoamericana, con información para mayo, señala que 8.4 millones de personas, 14.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), están desempleadas, descansadas
sin goce de sueldo o sin poder salir a buscar trabajo. Dos de cada tres empleos perdidos son informales, afectando mayormente a mujeres y a quienes tenían las menores remuneraciones. En dos de cada tres hogares ha habido reducción de ingresos y en uno de cada tres esta reducción ha sido del 50 por ciento o más de sus ingresos. De acuerdo con investigadores de la Ibero, esto podría llevar a la pobreza a 76.2 por ciento de la población, es decir, a 95.2 millones de mexicanos y a pobreza extrema a 20.7 por ciento. Un dato relevante es que 75 por ciento de los hogares declararon no recibir programas sociales o algún tipo de ayuda del gobierno.
A escala global, prácticamente todos los países gobiernos y bancos centrales trataron de contener la crisis respondiendo con recursos equivalentes a 10 por ciento del PIB global, lo que no logró evitar las significativas pérdidas de empleos y de producción que han ocurrido. Se requerirán recursos adicionales para reactivar la economía, reduciendo los riesgos y estimulando efectivamente la demanda. Le corresponde a los estados estimular la demanda. Tendrán que hacerlo entendiendo que no es suficiente con inyectar recursos, es necesario que esos recursos obligadamente se conviertan en gasto. Pueden proponerse muchas alternativas, aunque el programa usual en estos casos es el de vales para comprar bienes de consumo no duradero y algunos duraderos, con caducidad corta, que son estímulos a corto plazo a la demanda.
Para dejar clara la necesidad de la intervención estatal, la directora-gerente del FMI lo ha planteado gráficamente: estamos diciendo a los gobiernos: gasten tanto como puedan, aunque guarden los recibos, asegúrense de rendir cuentas
. Las medidas de apoyo a la demanda deben ser temporales, destinadas a proteger a quienes han perdido el empleo o están en bancarrota. Por supuesto, habrá aumentos en la deuda y en el déficit fiscal. Para recuperar las finanzas públicas y reducir la deuda es necesario que los sectores ganadores en esta crisis contribuyan significativamente, para lo cual deberán gravarse fuertemente sus utilidades.
Así que es indudable que, si los estados no actúan pensando a largo plazo, las consecuencias de la Gran Reclusión se alargarán en el tiempo y, por supuesto, la contracción será mayor. Evidentemente los que no actúen instrumentando medidas adicionales de mayor envergadura, pensando en que no es necesario porque vamos bien, permitirán que la pobreza llegue a niveles extraordinarios.
