Catorce policías de investigación de la fiscalía de Jalisco fueron suspendidos para dar continuidad a las investigaciones sobre las detenciones ilegales del pasado 5 de junio en Guadalajara durante la protesta para exigir justicia por el homicidio de Giovanni López, asesinado por agentes municipales de Ixtlahuacán de Los Membrillos, informó la propia institución.

En esa ocasión se documentaron 27 detenciones arbitrarias, 10 de ellas de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), por personas armadas que utilizaron palos y se identificaron como agentes de la fiscalía.

Los jóvenes denunciaron privaciones ilegales de la libertad, robos y agresiones de policías que se desplazaban en camionetas sin logotipos de la fiscalía. Aunque muchos de ellos fueron videograbados, el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, y el gobernador, Enrique Alfaro, se han deslindado de lo ocurrido.

Desde el día de los hechos los órganos de control interno de la Fiscalía del estado iniciaron una investigación para determinar la posible comisión de faltas de los agentes de la policía de investigación que participaron en estos actos, refirió el comunicado.

Añadió que la suspensión surtió efecto a partir del martes anterior y los 14 elementos fueron notificados por la contraloría interna para determinar cuál fue la participación que tuvieron durante esos eventos, así como las posibles sanciones a las que se harían acreedores como parte de los procedimientos administrativos, los cuales son independientes de los procesos de carácter penal.

Por su parte, estudiantes de la UdeG pidieron a la Fiscalía General de la República que informe si en realidad investiga lo sucedido el 5 de junio y si ya atrajo las indagatorias sobre las desapariciones forzadas perpetradas ese día. También exigieron la salida del fiscal de Jalisco.

Francisco Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, demandó en nombre de sus compañeros que la acción de la justicia no se limite a los policías ministeriales, sino que llegue a todos los mandos que autorizaron los abusos cometidos.