Tras la revisión de 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentarán siete denuncias contra 43 empresas factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la evasión fiscal de 55 mil 125 millones de pesos.

Además, se dará un plazo de tres meses a 8 mil 202 personas físicas y morales –que compraron las facturas– para regularizarse antes de emprender acciones legales en su contra.

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, sostuvo que se atacará en primera instancia al grupo criminal que operaba la venta de documentos, para cuadrar dos delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero, y equipararlos a delincuencia organizada. Señaló que “el mensaje que se quiere mandar es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entre los involucrados hay gobiernos, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas e incluso un servidor público de tercer nivel –“machuchón”, dijo. “Quienes maquinaron todo este fraude con influyentismo y las factureras están bien identificados, por eso se presentarán denuncias penales”.

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, describió que la operación de las factureras se efectuó en dos vertientes: justificar gastos inexistentes que permitieran evadir impuestos o encubrir aquellos que en realidad eran para sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y corrupción de funcionarios.

Al desglosar los alcances de la emisión de estas facturas, dijo que permitieron la evasión de 24 mil 500 millones en impuesto sobre la renta (ISR) y 11 mil 396 millones en el del valor agregado (IVA). Además, ampararon presuntas contrataciones de las firmas de servicios de honorarios, de los cuales se habrían retenido otros 19 mil millones de pesos de ISR.

“Es un fraude que hicieron 43 empresas factureras, las cuales están relacionadas, no sólo son fachadas que venden facturas de operaciones simuladas; en éstas participaron 8 mil 202, entre personas físicas y morales”, dijo Buenrostro. Señaló que las simulaciones se realizaban amparando falsas operaciones de servicios o productos consumibles.

Reconoció que tanto los 24 mil 500 millones de pesos del IVA como los 11 mil 396 millones asociados al ISR serán “muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como son empresas fantasmas, uno llega y ya no está localizado; no existen esos papeles”, por lo que se enfocarán en los 19 mil millones restantes

En cuanto a los contribuyentes involucrados, se les notificará mediante cartas para convocarlos a regularizarse, porque fueron engañados de alguna manera, diciéndoles que eso era normal, que podían comprar facturas porque a lo mejor no podían comprobar un gasto y, sin darse cuenta, adquieren facturas con firmas involucradas con el crimen organizado.

El procurador fiscal dijo que el funcionamiento de las factureras involucraba testaferros y prestanombres, o personas de escasos recursos, quienes recibían una pequeña cantidad de dinero a cambio de ser representantes legales, de firmar y dar la cara ante estas empresas; ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en covachas, en lugares de zonas populares.

Aseguró que las investigaciones permitirán llegar a las cabezas de los grupos factureros, pues se cruzará información con el IMSS para tener datos verídicos.