l negocio es de larga data (por ejemplo, recuérdense este tipo de actividades en la Plaza de Santo Domingo), pero con el correr de los años –especialmente a partir de 2010, en pleno calderonato– y con el uso de tecnología se fue sofisticando hasta convertirse en una enorme y jugosa práctica de evasión fiscal que grandes empresas –algunas pequeñas– realizaban a la vista de las autoridades tributarias, tal vez en connivencia con ellas.

Pero se acabó –o cuando menos se acotó– el negocio ilícito de las facturas falsas que a dichas empresas aportaban grandes ganancias y al fisco enormes cuan crecientes pérdidas, amén de que mediante este mecanismo se lavaba dinero de procedencia ilícita. El gobierno del presidente López Obrador, por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), documentó dicha práctica y le puso un alto.

En la mañanera de ayer la titular del SAT, Raquel Buenrostro, lo resumió así: “El caso que presentamos (sólo el primer paquete) es un fraude de 43 factureras, relacionadas no sólo con empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, sino con la participación de 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR)”, el erario habría captado 11 mil 396 millones de pesos por el primer concepto y 24 mil 500 millones por el segundo.

Lo descrito forma parte de un primer paquete de investigación y denuncias que incluyen defraudación fiscal y lavado de dinero. “Todas las empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes, están en varias … hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas”.

Otro detalle revelado por Buenrostro es que muchas de esas empresas contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta, que tampoco pagaron; del ISR retenido son 19 mil millones de pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos, sólo en el ejercicio fiscal 2017, en el penúltimo año del sexenio peñanietista. De esa magnitud era el negocio y año tras año crecía.

La jefa del SAT detalló que “normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tiene empleados y generalmente no se localiza. Cuando nosotros queremos ir a fiscalizarla, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o simplemente la dirección no existe. Y el que compra la factura lo que hace es que paga una comisión”. Cuando comenzó a revisar este negocio ilícito quedó claro que viene proliferando de 2010 en adelante y crece exponencialmente. “Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras; pero a medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta –estos son datos de 2019, a finales de ese año– que la tendencia es que se va al área de servicios”.

¿Por qué esta última área? Bueno, porque los servicios son más difíciles de comprobar; o sea, es más difícil saber después de 10 años si un edificio se pintó cuatro o cinco veces o si se dio mantenimiento a un coche cinco o 10 veces, o la papelería, lo que le llaman los consumibles. Es difícil también después de 10 años saber si se gastaron un millón, dos o tres. Entonces, a este tipo de conceptos se van orientando todas estas empresas.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que “las factureras proliferaron, porque antes se hacían investigaciones superficiales, pero ahora existe la determinación de evitar la evasión fiscal con el respaldo presidencial”. El negocio, pues, se acabó.

Las rebanadas del pastel

El enroque del presidente López Obrador fortalece a la Secretaría de Gobernación, pero habrá que ver si produce el mismo efecto en el Banco del Bienestar.

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