La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la política eléctrica impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), ante lo cual, Rocío Nahle, titular de la dependencia, justificó las decisiones que ha tomado.

En un comunicado, el organismo antimonopolios indicó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), emitida por la Sener el 15 de mayo de 2020, violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.

Minutos después de que la Cofece dio a conocer la medida, Nahle afirmó en su cuenta de Twitter que la confiabilidad y seguridad del SEN está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico. En el gobierno de México trabajamos para garantizar a toda la población el servicio básico de acceso a la electricidad.

La decisión de la Cofece se da en un momento en que la institución ha sido duramente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que otros organismos autónomos.

En su reporte, la Cofece argumentó que dicha política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales, en conjunto, establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de la electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector, sostuvo la Cofece.

Explicó que esa política compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), así como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista.

Asimismo, dijo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras en la generación eléctrica.

Todo lo anterior, a juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la política dejan de existir los elementos básicos para que éste funcione en condiciones de competencia, subrayó.

Con esos argumentos, la Cofece solicitó a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado en perjuicio del mandato que corresponde tutelar al ente antimonopolios.