El anteproyecto de la ley general de educación superior garantiza la obligatoriedad y gratuidad; la define como un bien público y un servicio social otorgado por el Estado, un derecho humano, y refrenda la autonomía universitaria como pilar del desarrollo.

En el borrador más reciente, presentado y entregado hace unos días por legisladores en una reunión virtual a los rectores y directores delas universidades e instituciones de educación superior del país, se indicó que tendrán hasta la primera quincena de julio para enviar aportaciones, propuestas y sugerencias al documento, pues se pretende discutir y votar en el Congreso en el transcurso del segundo semestre del presente año.

En nueve capítulos y 85 artículos, el anteproyecto propone la creación del Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior, y los consejos Nacional y Locales de Participación y Vinculación, además de la emisión de un ordenamiento que regule el Sistema Nacional de Evaluación para ese grado de estudios. En todo momento este sistema respetará el carácter de lasuniversidades e instituciones a las que la ley les otorga facultad de autogobierno, señala el texto.

En el tema de la autonomía, el artículo 7 del anteproyecto señala explícitamente que se preservarán las garantías constitucionales y se -regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normativa que deriva de éstas y, en lo conducente, las disposiciones de la presente ley.

Incluso establece que toda reforma a las leyes orgánicas de dichas instituciones deberá respetar la autonomía universitaria. Antes de que se emita el dictamen legislativo de la iniciativa de reforma correspondiente, ésta deberá ser sometida a la consulta de la comunidad universitaria por conducto de las autoridades competentes de la respectiva institución de educación superior autónoma por ley.

El borrador refrenda la propuesta inicial de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerá un fondo que asegure los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, así como la plurianualidad en temas de infraestructura.

Este fondo tendrá dos componentes: uno, de la obligatoriedad, el cual asignará recursos, entre otras cosas, para incrementar la cobertura de la enseñanza, mejorar la distribución territorial de la oferta educativa y garantizar el financiamiento plurianual de lainfraestructura.

El segundo, de la gratuidad, asig-nará recursos para compensar los cobros de las instituciones públicas de educación superior a los estudiantes, por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas ordinarias en los programas de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.

La responsabilidad en el financiamiento a estas casas de estudios será compartida entre los niveles de gobierno, considerando las necesidades nacionales, regionales, estatales y municipales.