La controversia constitucional presentada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández (PAN), contra la actuación de militares y marinos en tareas de seguridad pública tiene una intencionalidad política, consideró el grupo parlamentario de Morena.

En una postura emitida este domingo, la bancada anticipó que el recurso de la legisladora será votado en contra en el pleno en septiembre porque no representa la opinión de la mayoría parlamentaria.

También el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, sostuvo que su bancada rechaza la controversia constitucional porque es un intento de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y la diputada Rojas debe saber que no fue avalada por la mayoría de los diputados.

Sandoval manifestó que el PT condena este acto, que es un tremendo abuso en sus atribuciones y obedece más a una postura del PAN.

Luego de que la noche del viernes Laura Rojas recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo que permite tareas de fuerzas armadas en las calles hasta 2024, Morena acotó que las decisiones de la presidenta están sujetas al proceso legislativo.

Manifestamos nuestra crítica a dicho documento de la diputada Rojas Hernández, en el que señala que el acuerdo no se encuentra encaminado a la desmilitarización paulatina de las labores de seguridad, sino que acepta el uso general de las fuerzas armadas en labores que, en principio, no le corresponden.

En su controversia, Laura Rojas sostuvo que el acuerdo para que las fuerzas armadas apuntalen a la Guardia Nacional sujeta al secretario de Seguridad Pública a coordinarse con los titulares de Defensa y Marina.

Para los legisladores de Morena, ese punto de vista se sustenta en un tinte partidista y no en una acción jurídica, lo cual resulta contrario a la institucionalidad con que debe conducirse la presidenta de la Cámara de Diputados.

Según Morena, el decreto presidencial se sustenta en los artículos quinto y sexto transitorios de la reforma a la Constitución que constituyó la Guardia Nacional y que da a la intervención militar un carácter excepcional y que por lo tanto prevé que la participación de las fuerzas armadas será también extraordinaria.

Para Morena representa un despropósito que la demanda (sic) presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados cuestione la potestad del Ejecutivo para ejercer su facultad constitucional de proveer en la esfera administrativa la observancia de las leyes del Congreso.