En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en los estados en proceso o con alertas de género no se han implementado medidas para reforzar las acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, denunciaron organizaciones peticionarias de este mecanismo. En el país, desde 2015 se han declarado 22 alertas y actualmente hay cuatro en proceso.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación ha decretado tres alertas: en Puebla y el estado de México, en 2019, y en Guerrero, el pasado 5 de junio. Según cifras de las fiscalías estatales compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en México, ya que de enero a marzo 964 fueron asesinadas.

En Morelos –con alerta de género desde hace cuatro años y medio–, a finales de marzo pasado, cuando se inició con el confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, también se cancelaron las reuniones para dar seguimiento al mecanismo, señaló Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM) en esa entidad.

Nos quedamos con reuniones pendientes con el gobierno del estado, las cuales teníamos programadas para marzo. De manera automática, sin aviso y sin nada, no se realizaron, dijo en entrevista. Según un informe de la CIDHM, en 2015 se registraron 57 feminicidios y en 2019 se documentaron 100.

Sobre la segunda alerta solicitada para el estado de Tlaxcala, que en la página de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aparece que todavía está en proceso, Miriam Pascual, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que ésta ya fue negada en 2016 bajo el argumento de que con las medidas que plantea el gobierno para atender la problemática es suficiente.

Actualmente, añadió, no hay acciones dirigidas para prevenir y atender las agresiones que enfrentan las mujeres.

En Veracruz, que tiene tres alertas de género, Araceli González, directora de Equifonía, señaló que las acciones recomendadas en el mecanismo decretado por agravio comparado no se acatan a cabalidad en la entidad. En algunas regiones está suspendida la atención a quienes solicitan una interrupción legal del embarazo, por el asunto del Covid-19, dijo.

La alternativa que se ofrece, añadió, es que las usuarias se trasladen a otros lugares, lo cual no es viable. Lo que estamos solicitando a la Secretaría de Salud es que difunda qué medidas está tomando para garantizar el servicio.