esde todos los ángulos del Estado se ha proclamado la voluntad de que en las elecciones de 2021 vamos a desarraigar el fraude electoral. ¿Podremos hacerlo?

El marco legal de los delitos electorales es muy débil. Desde la fiscalía electoral se han impulsado distintas iniciativas para modificarlo. Algunas van dirigidas a aumentar sus penas, sobre todo de aquellos que implican la manipulación de los programas sociales con fines electorales.

Recientemente se modificó el artículo 19 de la Constitución para permitir a los jueces sujetar a prisión preventiva oficiosa a los delincuentes durante el proceso penal. Actualmente las penas de los ilícitos electorales son mínimas. El delito de fraude electoral genérico se incluye por primera vez, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para tipificar esa falta con una pena que contempla 15 años de prisión.

Existe algo mucho más importante: la voluntad política de desarraigar el fraude ­electoral. Eso no había existido. El ­Presidente de la República se ha comprometido a apoyar y ­salvaguardar elecciones libres y justas. En el pasado, el fraude electoral era una cuestión de voluntad política, no de imperfección de leyes.

La forma de evitar el fraude electoral es prevenirlo a través de la investigación, la inteligencia y la disuasión. La fiscalía electoral, como parte de la Fiscalía General de la República, se está preparando con un equipo de agentes del ­Ministerio Público bien entrenados para vigilar a los gobiernos de los estados mucho tiempo antes del día de la elección. Cuenta como aliados principalmente al Instituto Nacional Electoral, a los órganos judiciales electorales y a la Secretaría de Seguridad ­Ciudadana.

Vamos a desarraigar la práctica del fraude y ­quisiéramos estar seguros de que los ­gobernadores no van a intentar imponer a sus candidatos y, si lo hacen, que se atengan a las ­consecuencias. Nosotros somos la punta de lanza de un aparato muy complejo, pero tendremos el ­apoyo de muchas instituciones que dan información suficiente ­como para prevenir estas ­conductas y acabar con la ­impunidad.

Colaboró Mario A. Domínguez