Sábado 20 de junio de 2020, p. 13
Empresas dedicadas a la distribución de fármacos, a la pastelería, al turismo, así como la renta de espacios en plazas comerciales y hasta compañías dedicadas a la organización de palenques y ferias regionales, que operan personas físicas desde la Ciudad de México; Tijuana, Baja California; Aguililla y Apatzingán, Michoacán; así como en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, se encuentran sujetas a investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las actuaciones que se llevan a cabo en contra del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Funcionarios federales señalaron que la operación conjunta entre autoridades de México y Estados Unidos comenzó a fraguarse en el primer trimestre de 2019, durante un encuentro realizado en Chicago y en el que participaron representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la FGR, así como integrantes de la agencia antidrogas de aquel país y de los departamentos de Justicia y del Tesoro, ya que desde entonces se consideró que el CJNG se había convertido en una de las más peligrosas bandas dedicadas al narcotráfico que opera desde México.
Las fuentes consultadas mencionaron que en aquel encuentro no sólo se aportó información de ambos países en cuanto a los registros que habían llevado a la identificación de operadores financieros, sino también de los rastros documentales en torno a los vínculos que tenía ese grupo delictivo con integrantes de corporaciones municipales y estatales, y con impartidores de justicia en territorio mexicano, destacando una red de jueces y magistrados que había liberado a importantes miembros de ese grupo delictivo en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.
Así, uno de los objetivos a detener fue el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien se encuentra preso y bajo proceso acusado de enriquecimiento ilícito, aunque en la FGR aún existe un expediente abierto en su contra por delitos contra la administración de la justicia y delincuencia organizada. El juzgador fue detenido en noviembre de 2019.
En la información que han intercambiado las autoridades de ambas naciones, se menciona la existencia de empresas como Comercializadora Trade, Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica, W&G Arquitectos, Gallística Diamante, Asesores Turísticos, SA de CV, y Valgo Grupo de Inversión, así como diversos negocios relacionados con la producción de alimentos.