Mexicali, BC., El gobierno de Baja California presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por la privación ilegal de la libertad de Vladimir Jasso, inspector de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios, (Coepris) cuando efectuaba una revisión en el Aeropuerto Internacional de Tijuana (AIT).

También se interpuso una demanda ante la FGR por delitos ambientales contra el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa concesionaria del AIT que transporta 12 millones de pasajeros anuales, por tirar desechos sólidos a un canal pluvial que contamina el río Tijuana y el mar en ambos lados de la frontera.

Una tercera acusación fue ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por los daños ambientales generados por el AIT. La secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, explicó en videoconferencia que la inspección del AIT fue notificada a la empresa GAP, la cual autorizó el acceso a personal de Coepris y de esa dependencia. Sin embargo, la guardia de seguridad privada lo denunció por terrorismo e invasión de vías internacionales de comunicación, por lo que la Guardia Nacional arrestó al empleado 12 horas.

El caso del aeropuerto causó confrontación en la reunión de la Mesa de Seguridad, pues el gobierno de Jaime Bonilla recriminó a la Guardia Nacional detener a un servidor público y recibir órdenes de una empresa de seguridad.