Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y el Modelo Estadístico 2018 para la continuidad del MCS-ENIGH.

CONEVAL Prioritario atender falta de acceso al agua

Milton Gabriel Hernández García

Junto con el jabón, el agua es una de las primeras líneas de batalla para hacer frente al coronavirus. Por eso, a lo largo de esta emergencia sanitaria, la escasez del agua entre amplios sectores de la población ha adquirido una relevancia inesperada. Acceder al agua suficiente y de calidad es algo inalcanzable para 2,100 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud: 3 de cada 10 personas carecen de acceso al agua potable.

En México, donde las autoridades habían pronosticado de por sí un año de sequía, son numerosas las zonas periféricas de las ciudades, las comunidades y los pueblos para los que acceder al agua no solo para hidratarse, sino para mantener al virus a raya es imposible. Según el INEGI (2018), poco más de dos millones de hogares no tienen agua entubada, por lo que dependen de pipas, acarreo de pozos o algún cuerpo de agua cercano o la compra de garrafones. En 179 municipios, más de 30% de la población no tiene acceso al agua: la mayoría son pueblos indígenas y doce forman parte de una zona metropolitana. Esto hace imposible para 9.1 millones de personas el seguir medidas sanitarias básicas como el lavado de manos. En este contexto, garantizar el acceso al agua resulta un componente fundamental para evitar la propagación del coronavirus.

El documento La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el pasado 11 de mayo, pone el acento en esta dimensión de la vulnerabilidad social ante la crisis que estamos viviendo. Frente al Covid-19, el insuficiente acceso al agua se asocia a otras problemáticas, como la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, el hacinamiento, así como carencia de vivienda digna y seguridad social.

Ya desde 2018, Coneval había identificado que Guerrero, Tabasco y Chiapas son las entidades con más porcentaje de población sin acceso al agua, en contraste con Nuevo León, Tlaxcala y Aguascalientes. También se ha identificado que, de la población rural, “21 % de quienes hablan alguna lengua indígena presentan carencia por acceso al agua”. En Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca no hay suministro diario. En algunos casos es menor al 50%. Como es sabido, la falta de acceso al agua potable no es exclusiva de las zonas rurales. Aunque hay casos extremos, como los de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, que llevan casi tres años sin agua debido a que un grupo armado les quitó el acceso al manantial del cual se abastecían más de 4 mil habitantes.

Coneval plantea que “la existencia de infraestructura hídrica no garantiza que la población cuente con disponibilidad efectiva de agua potable en sus viviendas pues, de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, 73 por ciento de hogares recibe agua diariamente, 13.9 por ciento de seis a tres veces por semana y 13.1 por ciento de la población recibe agua dos o menos veces por semana”. Incluso en la Ciudad de México, cuya cobertura de viviendas con toma domiciliaria es de 96.7 por ciento, “solo 79.6 por ciento de los hogares recibe todos los días el suministro de agua, en tanto que 11.1 por ciento la recibe dos días o menos a la semana”, particularmente en alcaldías como Iztapalapa, donde el agua, cuando llega, es de color café.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó recientemente que durante la contingencia sanitaria aumentaría hasta en un 50% el consumo de agua. Las escuelas y los centros de trabajo han dejado de ser los principales usuarios y el mayor consumo se ha trasladado a las viviendas, aunque la prioridad identificada por el gobierno ha sido que los hospitales cuenten con agua suficiente, (El Financiero, 07/04/2020). En estados como Nuevo León ya se ha disparado el consumo de agua hasta en un 20%, equivalente a lo que se suele consumir en el verano.

Coneval reconoce las acciones del gobierno federal en materia de acceso al agua, a partir del anuncio del año pasado en torno a que “durante 2020 se invertirán 25,000 millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50,000 viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo cual permitirá al mismo tiempo crear 228 mil empleos directos, además de los beneficios a los habitantes”. Sin embargo, la llegada de la pandemia provocó que la crisis hídrica se agudizara y cobrara otras dimensiones. Por ello, Coneval propone una serie de medidas a implementar a corto, mediano y largo plazos: garantizar el acceso al agua y que los tres órdenes de gobierno se articulen para establecer subsidios temporales para el costo de los servicios básicos de la vivienda, al menos durante los meses que dure la emergencia, incluyendo el pago de energía eléctrica y el servicio de agua potable.

Algunos gobiernos locales han emprendido acciones emergentes, como el de Ciudad de México, que activó 37 mil pipas (616 diarias en promedio) de agua desde inicios de abril, equivalente a 370 millones de litros. Para ello, el gobierno de la CDMX se ha articulado con la Guardia Nacional para custodiar los 59 pozos habilitados y de esta manera evitar el secuestro de pipas y el robo de cobre que se utiliza para el subsistema eléctrico de plantas de bombeo (Expansión Política, 06/04/2020).

Por otro lado, la Conagua ya ha empezado un plan emergente para atender a la población durante la pandemia, que consiste en 47 operativos de apoyo para el abastecimiento de agua potable a hospitales, centros sociales y población en general, así como para el saneamiento, bombeo de la red y auxilio al riego agrícola en beneficio de 445 mil 799 habitantes de 20 entidades. Se han distribuido más de 11 millones de litros de agua potable de manera directa a la población de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (Excelsior, 13/05/2020). Estas acciones son importantes pero no necesariamente efectivas si existe descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Entre las tantas herencias nefastas que nos dejaron varias décadas de neoliberalismo, la privatización, contaminación y saqueo de los recursos hídricos es uno de los tantos problemas nacionales que urge resolver. La emergencia sanitaria mostró que la escasez de agua no es solo un problema de desabasto, sino de desigualdad y pobreza. Son quienes tienen condiciones más precarias de vida los que al mismo tiempo carecen de acceso al agua suficiente y de calidad para el consumo. Mientras no se reconozca plenamente en el ámbito legislativo y en las políticas públicas el derecho humano al agua y en la medida en que se le siga concibiendo como una mercancía y no como un bien común, las crisis seguirán pasando la factura más alta a la población más vulnerable. •