Presa El Ahogado, Jalisco.

Con la pandemia se revelan riesgos sanitarios Fallas estructurales en el tratamiento del agua

Omar Arellano-Aguilar Profesor del Depto. Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM y miembro del SUMAI

Hace siete años, China registró un brote epidémico del virus SARS (SARS-CoV) en la ciudad de Hong Kong. En la emergencia, 300 trabajadores del sistema de alcantarillado de la ciudad se contagiaron (Gundy et al., 2009). Dicho reporte preocupó por el riesgo sanitario por contacto con agua residual contaminada. Ante el brote del coronavirus (SARS-CoV-2), nuevamente se preguntó si el agua residual en el drenaje podría ser un foco de contagio.

La OMS hasta el momento ha mantenido su posición de que el virus no puede sobrevivir en el agua, incluyendo las aguas residuales (OMS, 2020). De hecho, el virus SARS es rápidamente inactivado y eliminado en aguas residuales después de 2 a 4 días (Gundy et al., 2009). Sin embargo, dos estudios recientes podrían poner en duda lo anterior: Lodder & de Roda, (2020) reportaron que en muestras de agua residual del Aeropuerto Schipol, en Amsterdam, detectaron la presencia de RNA viral del SARS-CoV-2 en las primeras semanas de contagio. Por su parte, Randazzo et al. (2020) reportaron la detección de virus en agua residual municipal no tratada en la región de Murcia, España. En ambos trabajos se destacó la efectividad de las Plantas de Tratamiento (PTR) para reducir la carga viral como medida de prevención de riesgo sanitario.

En tiempos de COVID-19 se hace necesaria la revisión de las capacidades institucionales para enfrentar la pandemia, porque el coronavirus está mostrando la vulnerabilidad institucional. La precariedad e irregularidades del sistema de salud pública en los tres órdenes del gobierno mexicano se hicieron notar también porque las bases estructurales y administrativas de dicha dependencia se dilapidaron en los sexenios anteriores. Lo mismo está ocurriendo en dependencias responsables de mantener servicios esenciales como la gestión del agua. Considerando el servicio de agua potable, por ejemplo, hemos visto cómo cientos de comunidades simplemente no pueden cumplir las recomendaciones sanitarias básicas para prevenir contagios por falta de agua y aún más crítico se encuentra el servicio de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. La Comisión Nacional del Agua reportó que existen 2,526 PTR en operación, cubriendo el 63% de tratamiento a nivel nacional (Conagua, 2018). Sin embargo, el manejo de aguas residuales no ha logrado ser bien atendido ya que más del 50% de las PTR municipales presentan una calificación de pésimo a mal funcionamiento (Mazari y Noyola, 2018). A nivel municipal, la falta de presupuesto y capacidad técnica imposibilita mantener en operación las PTR y en pequeñas poblaciones la situación es de abandono total.

Si se analiza por tecnología, los métodos de tratamiento actuales además de caros por el gasto de luz y mantenimiento no aseguran la remoción de microorganismos resistentes como virus y parásitos, sin mencionar los contaminantes emergentes (Mazari y Noyola, 2018). Lo anterior se suma a la obsolescencia de las normas ambientales que han dejado de lado la vigilancia ambiental de contaminantes biológicos-infecciosos tales como son las cepas virales y patógenos de interés epidémico. Caso emblemático es el sistema de irrigación con aguas residuales en el Valle del Mezquital, en donde se ha reportado la presencia de patógenos hiper-resistentes a antibióticos y de diversos tipos de fármacos (Broszat y cols., 2014). Después de China, nuestro país es el que más usa aguas residuales para la producción de alimentos vegetales y por ello estamos en una situación de alto riesgo sanitario al usar aguas residuales sin o con tratamiento deficiente.

El saneamiento del agua residual es parte de los derechos humanos. El sistema de gestión hídrico está rebasado desde antes del brote epidémico de COVID-19. La planeación, instalación, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento no cuentan medidas de verificación para saber si el sistema de tratamiento responde a las necesidades de las comunidades o si es eficaz para reducir los riesgos de salud y daño a los ecosistemas acuáticos, principales receptores de aguas residuales.

La pandemia nos da la oportunidad de emprender una nueva normalidad, transformando sustancialmente las instituciones de gobierno encargadas de resolver y atender los problemas de la sociedad. Es necesario romper con la estructura fallida, altamente burocratizada cuya opacidad ha dañado la maquinaria operativa y nos ha llevado a una alta vulnerabilidad ante situaciones emergentes como la pandemia del Covid. En este sentido, un tema pendiente es la reforma de la Ley Nacional de Agua; vital para adecuarse al reconocimiento constitucional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Por otro lado, no hay duda de la urgencia de actualizar y ampliar la lista de parámetros que miden la calidad de agua de las normas ambientales, para asegurar la protección de los ecosistemas y la salud de las personas (NOM-001, NOM-002, NOM-003). El modelo de gestión actual de los recursos hídricos del país ha llegado a su fin y de ahí la necesidad de reestructurar incluso a la Conagua, dependencia hermética y arrogante que debe abrirse a la participación social efectiva a través de contralorías ciudadanas vigilantes del desempeño institucional e incorporar mecanismos transparentes para la toma de decisiones que conduzca a diseñar programas que atiendan las necesidades de las poblaciones más vulnerables y proteger los recursos hídricos para las generaciones futuras. •