i siquiera se han abierto oficialmente las puertas del gran casino electoral (en octubre próximo deberá iniciar el proceso legal en sí), pero un ansioso participante, Marko Cortés, máximo directivo formal del Partido Acción Nacional (PAN), ya abrió parte de sus cartas sobre la mesa, al proponer a los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (es decir, lo que quede de éste) que vayan en candidaturas coaligadas para diputados federales en un mínimo de 75 distritos electorales (que establece la ley correspondiente) y un máximo de cien.

También, añadió el dirigente panista, se mantendría la agenda abierta en cuanto a las quince gubernaturas que estarán en juego, así como congresos locales y presidencias municipales (ámbitos locales en los cuales el PAN podría aceptar algunas coaliciones con el Partido Revolucionario Institucional).

Además de constituir un delator acto de nerviosismo político, pues resulta absolutamente innecesario a estas alturas, y hasta contraproducente, el postular tal propuesta de coaliciones electorales, el lance del cortés Marko es un regalo político al obradorismo contra el cual el panista michoacano pretende conjuntar fuerzas, pues termina por validar el discurso minado de Palacio Nacional en cuanto a frentes o bloques opositores.

La propuesta, tan desgarbada en términos tácticos, de calendario y del suspenso encarecedor que suele darse a estas ofertas, recibió de inmediato un rechazo temporal del único aliado que valdría electoralmente para los planes panistas: el senador Clemente Castañeda, coordinador del MC, olfateó y reaccionó: En Movimiento Ciudadano no creemos, al día de hoy, que la alternativa para 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el Presidente de la República quiere llevar al país. Llamó abiertamente a no caer en la trampa del Presidente. Recuérdese que Castañeda es el operador nacional en jefe del proyecto presidencial del gobernador jalisciense Enrique Alfaro.

Por su parte, Ángel Ávila, quien funge como una especie de vocero de la dirección colegiada del virtual Fideicomiso de Liquidación de la Revolución Democrática, dijo que el tema será considerado, sobre todo por la dirigencia nacional que estaría por designarse. Pero, adelantó, México necesita recobrar los contrapesos democráticos y eso sólo se logrará cuando Morena pierda el control de la Cámara de Diputados.

En la ciudad de Colima, un juez federal, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado en su domicilio particular junto con su esposa, Verónica Barajas. El relevante miembro del Poder Judicial Federal llevó casos de orden penal, entre ellos uno relacionado con Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.

El pequeño estado de Colima ha sido durante décadas asiento de operaciones turbias que suelen ser poco atendidas en el contexto nacional. Apenas el pasado 28 de mayo fueron comisionados diez policías estatales para una misión peculiar y hasta ahora poco explicada: acompañar y proteger a un grupo de inversionistas que viajarían a un municipio de Jalisco.

Dos días después se supo que los agentes habían sido secuestrados y, más adelante, se informó que siete de ellos habían sido asesinados. Ello provocó la renuncia del secretario de seguridad pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez. El gobernador de Colima es José Ignacio Peralta, un tecnócrata que fue coordinador de proyectos especiales del equipo de transición de Enrique Peña Nieto en 2012 y, ya con este en Los Pinos, subsecretario de Comunicaciones y Transportes.

La corrupción y el control del crimen organizado en amplios segmentos de los poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren reformas mayores que hasta ahora van quedando en el discurso y en la inserción de ciertas piezas presuntamente purificadoras, como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Pero, en términos estructurales, lo judicial sigue más o menos igual. ¡Hasta mañana!

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