Las representaciones en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su profunda preocupación por las reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes y la recién promulgada Ley de Educación del Estado, en relación al denominado pin parental y la aparente permisividad del castigo corporal, por su carácter violatorio de los derechos de la infancia.

En un comunicado destacaron que, con pleno respeto a la autonomía y facultades de los poderes públicos nacionales y estatales, las agencias de las Naciones Unidas alientan a revisar la constitucionalidad de estas reformas a la luz de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos, y al Congreso de Aguascalientes a que revise y, en su caso, modifique estas disposiciones para alinearlas con los compromisos internacionales del Estado mexicano.

Al proponer que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos, las agencias mencionadas consideraron que tanto las reformas como la nueva ley estatal vulneran los derechos de la infancia a la salud, la protección contra la violencia y la participación, así como el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño.