Cuatro meses después de que la evasión de impuestos fue considerada en la ley delincuencia organizada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificados 9 mil 561 contribuyentes que estarían simulando pagos de contribuciones y 963 que se encuentran en proceso de revisión.

Es la información más reciente divulgada por el SAT al cierre del primer cuatrimestre del año mediante el listado 69-B, en el cual se reporta el número de contribuyentes no localizados y/o que emiten comprobantes fiscales de presuntas operaciones inexistentes.

Como parte del combate a la evasión fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que está en vías de denunciar penalmente a ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a personas vinculadas con un fraude por 48 mil millones de pesos mediante factureras.

Reportes iniciales de la actual administración, que desde el año pasado tomó como una de sus banderas el combate a la evasión, refieren que por conducto de factureras se lavaron, en promedio, 2 billones de pesos entre 2014 y 2018, cifra cercana a una décima parte del gasto público.

Para junio de 2019 la entonces jefa del SAT y ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos-Farjat, impulsó, de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, un operativo que derivó en el cierre de 150 empresas creadas en 2017 y que a lo largo de dos años facturaron 282 mil millones de pesos; el presunto desfalco al fisco ascendió a 62 mil millones.

Mientras tanto, a contracorriente de una parte de la iniciativa privada que acusó terrorismo fiscal, se impulsó en el Congreso la iniciativa que dio a la evasión el rango de delincuencia organizada cuando exceda 7 millones 804 mil 230 pesos. Las penas van de dos a 9 años de prisión.

El gobierno federal ha mantenido las denuncias de esa práctica. La más reciente fue en febrero pasado, cuando el SAT dio parte a la UIF de un esquema de facturación falsa que operó en los ejercicios fiscales de 2017 a 2019.