Integrantes de la sociedad civil e investigadores de El Colegio de México entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas sobre el involucramiento de funcionarios en el operativo Rápido y furioso, a través del cual se permitió entre 2007 y 2011 el tráfico ilegal de armas de fuego a México por decisión de autoridades de Estados Unidos.

El miércoles pasado entregaron ante la FGR un escrito que amplía una demanda presentada en 2014, y solicitaron la comparecencia de los ex procuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, y que se interrogue a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal de 2006 a 2012, quien enfrenta en Estados Unidos un proceso por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Integrantes del despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados, autores de la demanda presentada en 2014, solicitaron que se sancione a los ex funcionarios que podrían haber incurrido en delitos como tráfico de armas, contra la administración de justicia, coalición de servidores públicos y ejercicio indebido del servicio público.

Como parte de las probanzas entregadas a la FGR, se incluyeron documentos que demuestran la participación y/o conocimiento de autoridades mexicanas sobre los operativos para traficar armas hacia nuestro país y que forman parte de diversos informes elaborados por autoridades estadunidenses en los que se mencionan el conocimiento que tuvieron los ex procuradores y García Luna.