o es novedad, porque una buena porción de los jugosos negocios y las abundantes utilidades que las trasnacionales hacen y obtienen en México proviene del privilegiado trato fiscal –algunas empresas nacionales transitan por la misma senda– que les concedían los neoliberales. A cambio, el inquilino de Los Pinos en turno se jactaba que esa inversión extranjera directa era muestra de la confianza y el respeto que esos consorcios tenían en su gobierno.

Puro bla, bla, bla porque el capital extranjero se instala en el país donde obtenga la mayor ganancia y la menor responsabilidad, sea esta fiscal, laboral, ecológica o legal (todas, mejor dicho). Casos concretos hay muchos, porque los gobiernos neoliberales fueron más que generosos –no de forma gratuita, claro está– con las trasnacionales (y uno que otro consorcio nacional), aunque les faltó tiempo para mantener el saqueo.

Pero como se les acabó el festín, ahora esas trasnacionales no quieren pagar los impuestos que por ley les corresponden y, como siempre, chantajean con irse del país y/o recurrir a tribunales internacionales, aduciendo acuerdos pasados, aunque –se supone– cuando se instalaron en México aceptaron que en caso de ser necesario la única autoridad legal sería la mexicana.

Y lo anterior viene a colación por la denuncia que recién hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador: Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente (en el pago de sus impuestos) y quieren ir a tribunales internacionales; entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá (en México) para que nos ayude a convencerlos; para qué vamos a tribunales, si es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ojalá nos ayude a convencerlas, porque todo esto es muy oportuno con la crisis, pues nos permite que no se nos caiga la recaudación y tener los recursos suficientes.

En su país de origen –aseguran las autoridades canadienses– esas empresas mineras son ejemplares en materia fiscal, ecológica, laboral y legal, pero –en caso de ser cierto– parece que es suficiente cruzar la frontera para que en ellas brote el síndrome de la ilegalidad, porque al final de cuentas, dicen, se trata de países tercermundistas.

Desde su llegada a México –con la complacencia de los gobiernos neoliberales y la manga ancha que les otorgaron– prácticamente es cotidiana la denuncia por los abusos de mineras canadienses (acaparadoras de la extracción de oro mexicano), y en este sentido el consorcio First Majestic Silver Corp “comenzó desde mediados de mayo pasado un arbitraje contra México –por inconformidades con el gravamen que le cobra el SAT– en el marco del TLCAN, luego de no poder resolver disputas sobre impuestos con el organismo recaudador mexicano, por lo que ahora corre un periodo de 90 días para poder llegar a un acuerdo, y acusa a la autoridad fiscal mexicana de mostrar un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición celebrados con Canadá, Barbados y Luxemburgo” ( La Jornada, Braulio Carbajal).

First Majestic se ampara en un acuerdo de fijación de precios anticipado que firmó con el gobierno mexicano en tiempos de (¡sorpresa!) el comandante Borolas, quien durante su estancia en Los Pinos otorgó concesiones a las mineras privadas (muchas de ellas canadienses) que amparaban alrededor de 36 millones de hectáreas(de Salinas a Peña Nieto, los generosos gobernantes entregaron cerca de 108 millones de hectáreas, o si se prefiere, 54 por ciento de esta República perforada).

First Majestic revela que sólo en Durango, Sonora y Coahuila cuenta con concesiones gubernamentales que amparan alrededor de 200 mil hectáreas; extrae oro y plata en proporciones crecientes, lo que se traduce en el constante incremento de sus ingresos. Pero ahora no sólo acusa al SAT de conducta ilegal e injustificada, sino que le exige devolución de impuestos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿así es como estas empresas llegan a México para apoyar el desarrollo del país, según dicen?

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