n días pasados la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, emitió un comunicado y dio varias entrevistas a medios de prensa, advirtiendo sobre los peligros de que las medidas de austeridad frenen las actividades esenciales de ese organismo y dejen a más de 7 mil 200 familias afectadas por la violencia y desapariciones sin apoyo y sin asesoría legal y sicológica. Aún existe mucha incertidumbre sobre los recortes reales que habrá en esa institución, pero el llamado de auxilio
de la comisionada ha mostrado la vulnerabilidad de ese sistema y la prioridad que tiene el apoyo a víctimas y los programas de resarcimiento en el presupuesto federal. Esto resulta especialmente preocupante considerando que la violencia y la desaparición siguen afectando a cientos de familias incluso en el marco de la pandemia.
A casi dos meses y medio de iniciada la cuarentena y la campaña de sana distancia
decretada por el gobierno federal ante la pandemia del Covid-19, la información sobre desapariciones de personas en distintas regiones del país y los hallazgos de fosas clandestinas no dejan de reportarse en las redes de los familiares de personas desaparecidas.
Las organizaciones aglutinadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, no han parado su lucha, reuniéndose a través de medios digitales para promover el acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia del Covid-19; reuniéndose con la Comisión Nacional de Búsqueda para discutir el proyecto de Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o saliendo con picos y palas en medio de la pandemia a recuperar cuerpos abandonados en fosas clandestinas.
Durante las primeras semanas, los grupos de familiares hicieron eco a la campaña Quédate en casa
y empezaron a organizarse para apoyar a las familias que se quedaron sin trabajo y sustento por el cierre de negocios o los despidos masivos. En una de estas campañas señalaban: en tiempos del Covid-19, los familiares de personas desaparecidas te necesitan más que nunca. Recuerda que la mayoría de nuestros tesoros eran pilares en su hogar, hoy sin ellos, cualquier aportación es muy significativa para sus familias, en especie o en efectivo.
Las redes de solidaridad de estas grandes familias no consanguíneas se empezaron a movilizar.
Sin embargo, en Sinaloa, fue imposible Quedarse en casa
cuando el teléfono de Las Rastreadoras de El Fuerte, seguía sonando con llamadas de auxilio, reportando desapariciones y hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas. Tan solo en el municipio de Ahome, esta organización ha documentado durante la pandemia la desaparición de 25 personas, entre ellas, el médico Óscar Roberto Blanco Zavala, de 38 años, y ahijado de Mirna Medina, dirigente de Las Rastreadoras; dos semanas antes había desaparecido el joven Alejandro Bobadiña Orduño, de 31 años, y una semana después Aldo Obed Ramírez López, los nombres son muchos y cada uno representa una historia no contada por la prensa, una ausencia que duele, una incertidumbre que enferma. Lo que Zoraida García Castillo ha llamado La pandemia de los desaparecidos
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/05/21/la-otra-emergencia-que-no-para-en-tiempos-de-covid-19/ ha convertido la búsqueda en una actividad esencial que obliga a las organizaciones de familiares a salir de sus casas y arriesgar su salud y sus vidas para acompañar a las madres, los padres, las esposas y hermanas desesperadas que buscan a sus desaparecidos. Cada caso reportado a la Comisión Nacional de Víctimas ha implicado el acompañamiento emocional de las familias, la asesoría legal para hacer la denuncia formal, ¿Cómo guardar la cuarentena cuando las familias necesitan urgentemente del acompañamiento? ¿Si no lo hacen ellas, quién lo hará?
Se supone que oficialmente todas las actividades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, son consideradas como esenciales (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo), sin embargo, la búsqueda de personas desaparecidas ha dejado de ser prioritaria ante la crisis sanitaria. Mientras tanto las fosas clandestinas continúan apareciendo: el 22 de mayo Las Rastreadoras encontraron dos fosas en Los Mochis, un día antes habían acompañado a las familias a recoger los cuerpos liberados por la fiscalía de dos jóvenes desaparecidos en marzo en el ejido Ohuira. El grupo de WhatsApp creado por Las Rastreadoras para informar a la prensa, da cuenta del ritmo acelerado con el que estas mujeres siguen recuperando tesoros
: dos en un dren, otros más semienterrados en un ejido… tres fosas más a las que hay que regresar. No se trata de osamentas del pasado, sino de cuerpos recientes, de personas cuyas vidas fueron interrumpidas por una pandemia que no respeta cuarentenas.
Los familiares de desaparecidos continúan siendo nuestra conciencia, nos recuerdan que la crisis sanitaria ha profundizado la crisis humanitaria en la que vivimos en México. Aún hay 38 mil cuerpos de personas que esperan ser identificadas, regresar con sus familias y tener una sepultura digna. Gracias a las presiones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, desde el 20 de marzo pasado se firmó el acuerdo para la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, pero su funcionamiento aún sigue pendiente. Paralelamente, miles de familiares de víctimas de masacres de migrantes como San Fernando y Cadereyta, y de desaparición forzada a todo lo largo y ancho de la nación, esperan que se cumplan los compromisos de verdad, justicia y reparación. Los recortes presupuestales a la CEAV serían una forma más de violencia burocrática contra los familiares de las víctimas. No podemos quedarnos indiferentes en la seguridad de nuestras casas, tenemos la responsabilidad ética de hacer eco a las voces y luchas de las familias.
* Investigadora del Ciesas
