Calificar el autoabasto de energía como mercado negro es debilitar el estado de derecho dijeron los industriales del país, quienes también rechazaron el alza en los costos de transmisión y distribución de electricidad, pues afectará el precio final a los usuarios.

Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció a ese modelo de suministro eléctrico, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) expresó que esa descalificación sólo debilita la certeza jurídica de México.

Explicó que se trata de un tipo de contratación delimitado por las leyes mexicanas y reconocido por acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De forma sistemática, la CFE y las autoridades han criticado e intentado desvirtuar cualquier modelo de contratación eléctrica que compita con la generación por plantas de la empresa del Estado, destacó.

Consideró que el gobierno federal ha ignorado selectivamente sus ventajas competitivas, como ofrecer mejores precios y emplear tecnologías limpias, además de ser un motor de crecimiento de la economía.

Cualquier pérdida de alternativas competitivas representa importantes costos para los consumidores de electricidad, particularmente en los sectores industrial y comercial que no tienen tarifas subsidiadas, dijo.

Añadió que mientras el país se prepara para iniciar el proceso de recuperación económica tras la pandemia del Covid-19, cualquier acción que lastime la competencia y competitividad en beneficio de una sola organización es francamente indefendible.

Por otra parte, la Concamin indicó que el electrolinazo, como llama el organismo empresarial encabezado por Francisco Cervantes al incremento en los costos de transmisión y distribución de electricidad, repercutirá en el costo final de la energía.

Comentó que con las más recientes declaraciones, la CFE ha asumido nuevamente funciones de autoridad, ademas de justificar las decisiones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo que debe trabajar con independencia y objetividad.

Esta situación evidencia un deterioro en el sistema de pesos y contrapesos requerido por un auténtico estado de derecho.