La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio y ejerció su facultad de atracción sobre el caso del asesinato de Giovanni López, quien murió mientras estaba bajo custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Ayer fueron liberados los seis jóvenes detenidos el sábado en la noche en el centro de Guadalajara acusados de pandillerismo, resistencia de particulares, ataque peligroso, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y daño al patrimonio urbano, con lo cual ya no quedaron personas arrestadas durante las jornadas de protesta con motivo del asesinato de López.

Su liberación ocurrió luego que el gobernador Enrique Alfaro anunció que retiraría los cargos en su contra para dar vuelta a la página respecto de los disturbios y las protestas multitudinarias en las que muchos manifestantes también pedían que él renunciara a su cargo y lo calificaron de asesino por sus medidas de tolerancia cero.

Quienes no tuvieron la misma suerte son dos policías ministeriales, Salvador Perea Rodríguez y Raúl Gómez Mireles, detenidos el viernes acusados por el gobernador Alfaro de estar coludidos y seguir órdenes de la delincuencia organizada para realizar un operativo y desaparecer a decenas de jóvenes que ese día acudieron a la Fiscalía de Jalisco a protestar.

Ambos agentes, pese a las declaraciones de varios de sus compañeros y esposas respecto a que la orden para levantar manifestantes venía del fiscal general Gerardo Octavio Solís y contrario a las versiones de decenas de jóvenes que fueron detenidos ilegalmente –quienes han afirmado que se trató de un operativo que involucró a cientos de policías tanto de civil como uniformados–, fueron remitidos a Puente Grande donde permanecen internos y ya tuvieron sus primeras audiencias de control ante el juez que lleva su causa.