La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció ayer la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica mediante la simulación de sociedades de autoabasto. Lo anterior ocasionó que la empresa no percibiera en los pasados tres años alrededor de 22 mil 800 millones de pesos, monto que se socializa y compensa con los cargos a los consumidores.

La figura de autoabasto surgió en 1992, ante la solicitud de las grandes empresas mineras, acereras y cementeras, entre otras, a las que se autorizó generar energía eléctrica para autoconsumo.

Sin embargo, se ha presentado una distorsión, porque se han convertido en sociedades de autoabasto en las que se comercializa la energía.

Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, explica que esa distorsión genera un mercado paralelo inequitativo, injusto, que compite con el mercado eléctrico mayorista, pero la figura jurídica los protege, aclaró.

Por ejemplo, dijo, se detectó una sociedad de autoabasto de 10 mil 500 integrantes, de los cuales algunos se han convertido en socios con una participación de un peso. Eso es algo totalmente irregular desde el punto de vista de una sociedad mercantil.

En conferencia de prensa, explicó que dichas sociedades son resultado de legislaciones pasadas, en las cuales se protegió de manera irregular la figura de autoabasto y se les fijaron tarifas de porteo (flete por conducción de energía) muy por debajo de las que existen a escala mundial.

A éstos se les denominó contratos legados, que suman 284 y tienen un costo promedio de 7 mil 500 millones de pesos anuales, los cuales son pagados por los consumidores.

Precisó que en 2018 tuvieron un impacto de 7 mil 800 millones de pesos y en 2019 de 7 mil millones. Se calcula que este año serán unos 8 mil millones que la CFE dejará de percibir por las tarifas preferenciales. Lo que se busca es que estos costos se paguen a la comisión, subrayó el funcionario.

Acompañado por Martín Mendoza, director general de Suministro Básico, y Luis Bravo, responsable de Comunicación Social, recordó que esos contratos, denominados legados y que permiten un mercado alterno, están protegidos por la Ley del Servicio Público.

Los protegen absolutamente todas las condiciones previas que existían y que ya no tienen incluso los actuales jugadores del mercado eléctrico mayorista, destacó.

Este mercado protegido de autoabasto aparece con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado el 17 de diciembre de 1992, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 1992, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la cual se incluyen nuevos esquemas de producción de generación de energía: productores independientes, autoabastecedores, importadores y exportadores.

Morales Vielmas aseguró: Todos estos esquemas, de alguna manera, era una inconstitucionalidad.

Politizado, el debate sobre energías renovables

Sobre la discusión de las energías renovables, admitió que ésta se ha politizado, porque hay importantes intereses económicos.

Mario Morales sostuvo que no hay intención de eliminar a los participantes privados, y reiteró que la suspensión de pruebas preoperativas de algunas plantas es transitoria.

Sólo se suspendieron de manera temporal a 19 centrales que estaban en pruebas y que significaban 2 mil 300 megavatios, pero más de 184 centrales están operando normalmente y no han tenido ninguna afectación, declaró.

El director de Intermediación de Contratos Legados de la CFE aseveró que hay una sobrecapacidad instalada derivada de la entrega de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de manera indiscriminada.

Por ejemplo, se autorizó una capacidad de generación de 132 mil megavatios a pesar de que la demanda máxima que se registró en junio de 2019 alcanzó 49 mil. Adicionalmente, puntualizó, hay 81 mil 500 megavatios instalados e interconectados.

Por su parte, Martín Mendoza, director general de Suministro Básico, informó que hasta el cierre de mayo pasado la CFE había dejado de percibir 3 mil 700 millones de pesos como resultado de la estabilidad de las tarifas hasta que termine la pandemia.

El funcionario detalló que esa cifra derivó de dejar de cobrar los excedentes de consumo a unos 2 millones de usuarios que aumentaron su suministro y tuvieron que ser catalogados como tarifa doméstica de alto consumo y permanecieron en la tarifa básica.