Colectivos de víctimas y familiares de personas a las que les vulneraron sus derechos humanos inisistieron en la remoción de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, a quien responsabilizaron de agresiones y revictimización.

En tres documentos distintos que fueron dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios de alto nivel como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas, demandaron por separado una reunión directa con el mandatario federal para exponer sus problemáticas.

Por su parte, la CEAV informó vía Twitter que seguirá trabajando con austeridad republicana en su obligación legal de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas.

Las misivas de los quejosos, que se difundieron durante el fin de semana pasado, son firmadas, una por familiares de víctimas de la llamada guerra sucia; otra, por colectivos de familiares de personas desaparecidas –que desde el jueves pasado instalaron un plantón frente a Palacio Nacional en demanda de mejor atención de parte de la CEAV–, y la tercera, por 700 víctimas directas y 61 colectivos.

Estos reclamos se han venido dando después que el pasado 2 de junio, la CEAV dio a conocer que debido al decreto presidencial de austeridad, que reduce en 75 por ciento el presupuesto de los rubros 2000 y 3000, estaría expuesta a quedar inoperante.

“El comunicado de Gómez, en lo que se refiere a los derechos de las víctimas, sólo confirma el desprecio hacia nosotros, agresiones físicas y verbales a víctimas cometidas por ella y sus funcionarios y, como ejemplo, decir que vemos a la CEAV como si nos hubiéramos ‘sacado la lotería’, siendo que nuestros familiares han sido desaparecidos, asesinados o torturados y eso no es un premio para nuestra vida”, se adujo en la carta firmada por 700 víctimas y 61 colectivos.

Familiares de personas desaparecidas demandaron una reunión con el Presidente y la destitución inmediata de la comisionada; mientras que familiares de víctimas de la guerra sucia apuntaron que el periodo como comisionada de Gómez Pérez se ha caracterizado por su ineficiencia, burocracia, amenazas y opacidad para resolver los temas de reparaciones a las víctimas.