Kenia Inés Hernández Montalbán, integrante del Colectivo Zapata Vive, con sede en Guerrero, fue detenida y recluida en un penal del estado de México en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez del distrito judicial de Ecatepec por el delito de robo con violencia, informó la fiscalía mexiquense.

La activista fue arrestada junto con tres menores de entre 16 y 17 años de edad, quienes rindieron declaración ante el Ministerio Público especializado de adolescentes.

A los jóvenes, se informó, se les decomisaron machetes, bates y gas lacrimógeno que usaban cuando pretendían apoderarse de la caseta La Hortaliza de la autopista Toluca-Zitácuaro y pedir cuota a los automovilistas.

La orden de captura contra Hernández Montalbán se debe a una investigación que iniciaron las autoridades federales, con las cuales hace meses “se inició un seguimiento a Kenia Inés N y se pudo establecer que al parecer lideraba a un grupo de personas provenientes del estado de Morelos que bloqueaban la circulación y casetas de peaje en esa entidad y en territorio mexiquense, y para permitir el paso exigían dinero a los automovilistas”, expuso la fiscalía mexiquense en un comunicado.

Indicó que a la integrante del Colectivo Zapata Vive se le aprehendió cuando protestaba en la autopista Toluca-Zitácuaro, donde, junto con unas 40 personas provenientes de Morelos, pretendían levantar las plumas de la caseta y dar paso libre a los automovilistas.

La autoridad ministerial informó que la Guardia Nacional pidió apoyo para capturarla. Una vez que fue cumplida la orden de aprehensión, los agentes la trasladaron al penal de Chiconautla, en Ecatepec, donde quedó a disposición de un juez de control.

Arturo Campos Herrera, miembro del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, dijo vía telefónica desde Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de esa entidad, que la detención de Hernández Montalbán fue “un acto de represión e impunidad.

La compañera Kenia Inés contaba, hasta donde sabemos, con medidas cautelares desde hacía casi un año, subrayó. Por ello, agregó, ya intervienen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales”.