Mexicali, BC., El ex gobernador panista de Baja California Francisco Vega de Lamadrid es uno de los deudores del servicio de agua y drenaje por un establecimiento de recreación que tiene en Tijuana, y aunque firmó un convenio de pago, su deuda asciende a 2 millones de pesos, informó ayer el mandatario estatal, Jaime Bonilla, quien presentó una lista de 18 morosos.

Vega de Lamadrid edificó un desarrollo habitacional en la colonia Guadalupe Victoria, donde instaló un salón para actos sociales de los vecinos, y pese a que en julio de 2015 firmó un convenio de pago, no ha cubierto su adeudo. La actual administración considera que el panista violó las leyes de Ingresos y de Servicios de Agua.

Jaime Bonilla dio a conocer ayer una lista de personas físicas que deben 64 millones 600 mil pesos por los servicios utilizados durante cinco años. Entre los morosos se encuentran hoteles, Walmart y otras tiendas de autoservicio.

Durante la videoconferencia del gobierno estatal para dar a conocer la situación de la pandemia del Covid-19 y la entrega de despensas, Bonilla preguntó al fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, sobre las denuncias por corrupción en contra de Vega de Lamadrid y sus colaboradores.

Hay avances, pero estamos en espera de que reanuden actividades la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respondió el fiscal.

Investigan a 121 ex funcionarios

Por daño patrimonial, cohecho y abuso de autoridad detectados en el organismo administrador del agua potable y drenaje de Tijuana, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California investiga a 121 ex servidores públicos.

En 31 carpetas de investigación se detallan las irregularidades que afectaron el patrimonio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

La secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza, informó que se investigará también a los responsables del área jurídica por omisiones en los contratos de servicios.

Espinoza Martínez agregó que 24 expedientes han sido entregados a la Fiscalía General del Estado por considerar que existen delitos.