aja California y Jaime Bonilla volverán al escrutinio nacional después de que la diputada Montserrat Caballero (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 44 de la Constitución local para empatar la elección de gobernador con la de Presidente de la República.

Para hacerlo posible la diputada plantea que en 2021 –cuando habrá elección de gobernador por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– se elija un mandatario para tres años. La propuesta seguramente será impugnada por quienes piensan que se trata de una maniobra del gobernador Bonilla y no un de acto de buena voluntad de una legisladora que está pensando en el bien de sus gobernados.

El tema estuvo circulando en redes sociales desde la semana pasada. Incluso algunos periodistas dieron por bueno un documento de trabajo que se elaboró en la oficina de Amador Rodríguez Lozano, donde era el propio Ejecutivo quien mandaba la iniciativa al Congreso. En realidad, el equipo jurídico que rodea al gobernador (incluido el fiscal Guillermo Ruiz Hernández) hizo ver que intentar una nueva reforma al octavo transitorio, como reveló el documento calificado de apócrifo, era lanzar nuevamente la bola a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El equipo empezó a revisar cuál sería el mejor camino legal para tener un gobernador de tres años. Los especialistas recomendaron irse por el artículo 44 de la Constitución. La pregunta es: ¿por qué Baja California debe seguir padeciendo el sobresalto de elecciones de gobernador para periodos menores de seis años? ¿No fue suficiente con uno de dos años?

El argumento de que un gobernador que inicia su periodo con el Presidente tendrá mejores resultados porque ambos tendrán el mismo impulso, en lugar de que inicie cuando el Ejecutivo federal ya tenga tres años de ejercicio, es poco convincente porque no hay garantía de que los triunfadores sean del mismo partido.

Si se está pensando sólo en 2024, puede ser que la reforma tenga sentido, pero los diputados de Morena en el Congreso local todavía no comprenden que las victorias políticas no son para siempre y que las leyes deberían hacerse pensando en un estado de derecho que responda a las necesidades de la sociedad.