a tormenta no mengua. La combinación de crisis sanitaria y crisis económica ha tenido consecuencias muy dolorosas en la sociedad mexicana. Desafortunadamente, no hay perspectiva de solución a corto plazo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la adversidad con optimismo, desestimando (o descalificado) los indicadores que desmienten sus perspectivas. Lejos de modificar las políticas que trazó al comienzo de su administración, ha visto en la crisis la oportunidad para profundizarlas.

Pero los problemas que hoy se enfrentan no son los mismos que había cuando el mandatario asumió el poder. El mundo cambió con la pandemia. Ya no es el mismo; el país tampoco lo es. El deterioro es severo. ¿Serán suficientes esas políticas para remontar la adversidad?

Las primeras expectativas oficiales sobre el número de fallecimientos provocados por el Covid-19 fueron ya rebasados y, por lo visto, falta aún lo peor. El pasado 23 de abril, el doctor Hugo López-Gatell estimó que podrían morir como consecuencia de la enfermedad entre 6 mil y 8 mil personas. Sin embargo, faltan meses para que la pandemia se contenga y la cifra ya se rebasó: van más de 10 mil decesos. El 27 de mayo, el mismo doctor López-Gatell informó que podrían perder la vida hasta 30 mil seres.

Otras predicciones son aún más pesimistas. Un estudio sobre México del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ubicó el punto más alto de la línea de contagios el 10 de agosto. Calcula que el 1º de septiembre habrá 115 mil 293 defunciones (https://bit.ly/2zNLes7).

Pese a ello, este 1º de junio, México entró a la nueva normalidad en alerta máxima. La reanudación de las actividades productivas anuncia, inevitablemente, nuevas oleadas de contagios como las que se vivieron en las maquiladoras de Tijuana y Ciudad Juárez.

Las perspectivas económicas no son halagüeñas. La espectacular salida de capitales es una hemorragia que no cesa; es histórica. De acuerdo con el Banco de México, hasta el 2 de mayo, los inversionistas extranjeros redujeron su tenencia en bonos soberanos del país en 8 mil 643 millones de dólares.

Estamos ante una contracción económica generalizada y profunda. Según el banco central, este año habrá una caída del PIB de 8.8 por ciento (7 por ciento, de acuerdo con el Inegi). Provocará una destrucción de plazas sin precedente: un millón 400 mil empleos formales. Los pronósticos no le gustaron al Presidente. Están peor que los que vaticina el FMI para México. Salieron más realistas, ironizó.

Tampoco le agradaron las cifras del Coneval sobre pobreza. Según la institución, México podría aumentar la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9 por cierto. Es decir, a la población con recursos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos se añadirán entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Se trata de una aplastante adversidad que los programas de combate a la pobreza originales de esta administración no pueden revertir. No hay recursos suficientes para hacerlo. La exitosa negociación para que grandes empresas paguen multimillonarios adeudos por concepto de impuestos es importante, pero insuficiente para tapar los nuevos huecos presupuestales. Es un severo golpe para un gobierno que tiene en la consiga primero los pobres uno de sus mantras políticos preferidos.

Aunque hay una batida a fondo contra la corrupción y el Presidente ha hecho de la lucha contra esa lacra una de sus banderas principales, las respectivas conclusiones del Inegi tampoco son optimistas. Según el organismo, durante 2019 la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en instituciones de gobierno se redujo sólo 4 por ciento. Sin embargo, la prevalencia de esos actos se incrementó de la mano de su costo.

De acuerdo con el organismo, el aumento en hechos reportados de corrupción dispararon 64.1 por ciento el costo total de este problema. En 2019, la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos. En 2017 resultó en 7 mil 780 millones. Es decir, a pesar de todos los intentos por desterrarla de la administración pública, la corrupción permanece, sólo que es más cara.

La caída mundial de los precios del petróleo fueron un varapalo al proyecto de la 4T de soberanía energética. No cancela ese propósito pero lo dificulta. El gobierno ha logrado avances en la renegociación del pago de los gasoductos y está en plena batalla para elevarle a los generadores privados el precio del porteo por usar las líneas de la CFE; sin embargo, estas medidas no son suficientes para tomar el control del sector.

Y la violencia no cesa. Pese a la cuarentena, tan sólo el pasado 20 de abril se perpetraron 114 asesinatos, la cifra más alta en lo que va del año y la segunda más elevada en esta administración.

La sacudida económica ha llevado a la 4T a reforzar más las medidas de austeridad, que fueron el sello de agua al hacerse gobierno. También a reorientar el gasto público en detrimento de sectores como el arte, la cultura y la ciencia. Esta terapia de choque lo ha distanciado de sectores que fueron sus aliados en la campaña electoral de 2018. Se avecinan tiempos aún más difíciles.

Twitter: @lhan55