Martes 2 de junio de 2020, p. a12
Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa Cruz Azul, tramitó una demanda de amparo en un juzgado federal de la Ciudad de México contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Sin embargo, el juzgado séptimo administrativo rechazó el trámite del recurso, ya que ordenó a Billy Álvarez presentarse para ratificar su firma.
La jueza Laura Gutiérrez de Velasco Romo le negó la suspensión provisional y le dio un plazo de tres días para que acuda al juzgado a ratificar su firma; en caso de no hacerlo, su demanda se tendrá por no presentada.
Debe ratificar su firma
Dada la incertidumbre para establecer si su firma fue estampada de puño y letra, requiérase a Guillermo Héctor Álvarez para que dentro del término de tres días comparezca a efecto de ratificar las firmas estampadas. Apercibido de que de no desahogar en sus términos el requerimiento que se le formula, se tendrá por no presentada la demanda de garantías
, indica la resolución.
La semana pasada, la UIF informó que fueron bloqueados los recursos financieros de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.
En su momento, detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero, aunque, aclaró, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul, estaban libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.
Según las investigaciones, el delito involucra el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de este año.
Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer supuestos fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.