Proyecto #susanavigilancia
El no dar informes sobre los recursos destinados a la lucha contra la pandemia puede incrementar el riesgo de posibles actos de corrupción, advierte colectivo
Sábado 30 de mayo de 2020, p. 13
A más de dos meses de iniciada la contingencia sanitaria por el Covid-19, sólo nueve de las 32 entidades federativas del país han transparentado información sobre sus contrataciones en el contexto de la pandemia, mientras que el resto de los estados sigue sin rendir cuentas al respecto, lo que puede incrementar el riesgo de posibles actos de corrupción, alertó el colectivo Tojil-Estrategia contra la Impunidad.
Mediante un comunicado, la organización civil señaló –en el contexto del proyecto #SusanaVigilancia– que sólo Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas han empezado a publicar información en bases de datos sobre las contrataciones realizadas para combatir al coronavirus, que hasta ahora suman mil 500 millones de pesos.
Aunque señaló que transparentar esta información siempre será mejor que no hacerlo, Tojil no dejó de apuntar que el nivel de profundidad y detalle de los datos varía notablemente
, pues Nuevo León y Zacatecas publican documentos PDF o gráficas mientras otros estados publican sets de datos abiertos, pero no permiten descargar los contratos completos en formato PDF.
De esta manera, sigue habiendo 13 estados que no publican información sobre los recursos destinados a mitigar los efectos económicos de la pandemia, o han dado a conocer micrositios en donde no es posible identificar los recursos para ello, lo que deja ver el nivel desigual
de transparencia de las entidades federativas sobre el tema.
Tojil advirtió que el no dar informes sobre los recursos destinados a luchar contra los efectos de la pandemia de Covid-19 es un riesgo latente de corrupción
e insistió en la necesidad de que los datos sobre contrataciones se rijan por un esquema multiformato: bases de datos abiertos y contratos PDF descargables, con detalles como la ejecución de contratos u obras y las auditorías practicadas a las mismas.