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Saqueos y destrozos
Chiapanecos se oponen a fumigación de calles
Puebla, Pue., Por seis horas, alrededor de 200 pobladores de San Antonio Mihuacan bloquearon ayer la autopista México-Puebla en el kilómetro 108, en protesta por la inseguridad que azota a esa junta auxiliar del municipio de Coronango. El cierre provocó molestia entre automovilistas y camioneros.
Atienden a 100 infectados
Chihuahua: 36 militares contagiados en dos municipios
Este jueves, a unos días de comiencen a reanudarse labores en Quintana Roo –entidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el próximo martes–, el número de fallecimientos por Covid-19 no cedió, y por segundo día consecutivo ayer se confirmaron 15 decesos, por lo que varios municipios reforzaron sus medidas de protección .
Monterrey, NL., Los 14 enfermeros de Nuevo León secuestrados y extorsionados en la Ciudad de México el pasado 19 de mayo, cuando acudieron a brindar apoyo a los hospitales que atienden a enfermos de Covid-19, aseguraron este jueves que continúan recibiendo amenazas de los delincuentes.
Chilpancingo, Gro., El gobernador Héctor Astudillo Flores informó al Gabinete de Seguridad Nacional que en Guerrero se ampliarán hasta el 15 de junio las campañas Sana Distancia y Quédate en Casa, debido al incremento de casos de Covid-19 y a que en estados vecinos se registran altos niveles de contagios.
Locatarios piden apoyos
Tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa al notario 102 del estado de México, Horacio Aguilar Álvarez de Alba, aparentemente maltratando a su esposa fuera de su domicilio, en el municipio de Naucalpan, la Fiscalía General del Justicia inició una investigación de oficio por violencia doméstica.
La Secretaría de Gobernación (SG) pidió al Congreso de Nuevo León no aprobar la reforma que daría atribuciones a los padres de familia para decidir sobre el contenido de los programas de educación, conocida como pin parental
, porque ello afectaría a los menores e invadiría competencias de la Federación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó abusos graves, entre ellos tortura y violencia sexual, en contra de personas albergadas en los centros de asistencia administrados por la Ciudad de los Niños Salamanca, los cuales se han denunciado desde hace cuatro años, y emitió la recomendación 32VG/2020 a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, así como a las respectivas fiscalías. El organismo autónomo indicó que en estos espacios se torturó a 21 infantes y 10 personas mayores discapacitadas. La violencia sexual fue perpetrada en contra de nueve adolescentes y cuatro adultos. Además, 17 menores y dos adultos sufrieron trato cruel, inhumano o degradante. De igual manera, comprobó la omisión de proporcionar a 20 adolescentes y 14 adultos atención especializada e integral dada su condición médica, sicológica y discapacidad intelectual. Se acreditaron las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo en que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 adultos con discapacidad intelectual) en diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil
, añadió. La CNDH expuso que también cuenta con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos atribuibles a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
Mexicali, BC., El gobierno del estado pidió a los cabildos de los cinco ayuntamientos cumplir con la Ley de Desarrollo Urbano y sus reglamentos, en cuanto a uso de suelo y licencias de construcción de estaciones de gas natural y licuado. De esa forma se manifestó en contra de la instalación de plantas de distribución y almacenamiento de combustibles por ser un riesgo para la población de Baja California. El pasado 12 de mayo la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública envió un oficio para anunciar que se investigarán las irregularidades en la entrega de permisos para la instalación de estaciones de gas licuado de petróleo en Tijuana y otros municipios, luego de que la empresa Blue Propane construyó en Tijuana 10 estaciones a menos de 100 metros de viviendas, escuelas, guarderías y zonas habitacionales. Ello implica indagar la edificación de las gaseras y, de ser necesario, revocar permisos de construcción y de usos de suelo.