in reflejar aun los efectos más severos de la pandemia en lo laboral, la (no muy precisa) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que en el primer trimestre la población total del país ascendió a 126.7 millones de personas, de las cuales 95.8 m tienen 15 años o más. De éstos últimos, según nuestra reclasificación (UNITÉ) 63.1 millones integran la Población económicamente activa (PEA) y 32.7 m la Población no económicamente activa (Gráfico 1).

De esta PEA (63.1 millones), sólo la tercera parte 20.9 millones (33.1%) tienen empleo formal (con seguridad social), 7.7 millones (12.3%) están desocupados, unos 3.0 millones (4.8%) son empleadores en pequeños negocios, profesionistas independientes o trabajadores por cuenta propia, y el resto 31.4 millones, la mitad de la PEA (49.8%) se ocupa en la informalidad (trabajadores no asalariados en su mayoría sin seguridad social) (Gráfico 2).

A estas alturas, ya deberíamos estar claros en que "formalizar" a esos dos tercios de la PEA (42.2 millones) para que tengan acceso a la seguridad social (salud, vivienda y pensiones) bajo las normas actuales (depender de un patrón que los inscriba) es no sólo inviable sino incluso inoperante ante los cambios en el mundo laboral (trabajo independiente, por cuenta propia, sin patrones fijos). Es por ello necesario replantearnos tanto nuevos esquemas de inscripción individual al IMSS, como estructurar un eficiente Sistema Nacional de Salud de acceso universal, con una primera frontera de atención por médicos afiliados en consultorios privados; también a un Infonavit mejorado, y a un nuevo Instituto Nacional de Pensiones, a elección del trabajador.

Por lo pronto, el número de trabajadores afiliados al IMSS, ascendente hasta febrero pasado que registró 20.6 millones, muestra los primeros impactos de la crisis con un descenso a 20.5 m en marzo, y a 19.9 millones en abril, una pérdida de -686 mil afiliados, el 3.3% (Gráfico 3).

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