n las últimas semanas se comprobó cuánta razón tenían los especialistas que hace 40 años pedían al gobierno apoyo para impulsar en México las energías limpias. Entendían que los hidrocarburos y las hidroeléctricas cubrirían por largo tiempo la demanda de energéticos. Pero los primeros se agotarían y afectaban al ambiente y la salud pública. Y los enormes embalses de las hidroeléctricas se azolvaban con la tierra de la erosión de las cuencas hidrográficas.

Como expuse el lunes pasado, a fines de 1979 la comunidad científica solicitó apoyo oficial para ahondar en sus proyectos de energías renovables. Lo hizo vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Habían demostrado, por ejemplo, que eran la mejor solución para casi una cuarta parte de la población del país, carente de electricidad en sus hogares y labores agropecuarias. También, ser ventajosa para las ciudades y la industria.

A la primera reunión celebrada sobre el tema en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (1977), asistieron especialistas de universidades públicas y privadas, del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el más importante en dicha materia, y de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Un año después, hubo otra más trascendente convocada por el Centro de Ecodesarrollo (Cocodes) y el IIE. Se realizó en la sede de este último, ubicada en Palmira, estado de Morelos. Asistieron 100 especialistas de 30 instituciones de investigación de México y el exterior.

Las conclusiones de ambas reuniones mostraron que México tiene todas las condiciones para establecer energías alternas, comenzando por la solar, pues el país se ubica dentro del cinturón de insolación anual máxima del planeta. Igual en cuanto al viento y cientos de corrientes de agua para producir energía a pequeña escala y sin dañar el ambiente. Y biogás en miles de comunidades pequeñas, aprovechando la biomasa, abundante pero desaprovechada.

Los especialistas de los institutos de Ingeniería, Geofísica, de Materiales y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional; las universidades Autónoma Metropolitana y de Michoacán; el Tecnológico de Monterrey, la SAHOP, varias organizaciones de la sociedad civil y el IIE exhibieron los diseños ya probados en campo para aprovechar la radiación solar, el viento, las pequeñas corrientes de agua; para obtener biogás. Virtualmente todos tenían en cuenta los logros alcanzados en otros países. En el libro La energía solar en México, los antropólogos Alfonso Castellanos y Margarita Escobedo expusieron la situación y perspectivas de las energías limpias en el territorio nacional.

En esa publicación los especialistas concuerdan en que el Estado debía impulsar y regular la producción de esas energías, sin descartar la intervención de la iniciativa privada. Mas los últimos tres sexenios se hizo lo contrario: entregarlas (en especial la solar y eólica) a trasnacionales con innumerables apoyos y contratos no pocas veces fruto de la corrupción. A la par se desmantelaba la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en compradora de la energía de las trasnacionales y grupos privados locales.

De colofón: enriquecimiento de sus directivos y contratistas. Algunos de quienes favorecieron a las trasnacionales, al dejar sus cargos se convirtieron en sus consejeros. Como el ex presidente Felipe Calderón, en Avangrid, filial de la española Iberdrola, principal productora privada de electricidad en México con plantas de ciclos combinados, cogeneración, eólicos y solares. Georgina Kessel, secretaria de Energía en el sexenio de Calderón, también terminó cobrando en Iberdrola. Antes presidió la Comisión Reguladora de Energía. ¿Pago por favores recibidos?

Para terminar con esas irregularidades, el gobierno federal recién publicó un acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Pero lo hizo con gran torpeza, dando a entender su desinterés por las energías renovables, paralizar obras en construcción e incumplir acuerdos internacionales de protección al ­ambiente.

Pronto rectificó. Ahora urge conocer las medidas para impulsar dichas energías en bien de la nación, y especialmente de las comunidades agrarias donde se ubican, por ejemplo, los parques solares y eólicos del sector privado.