l pasado viernes, en Parras de la Fuente, Coahuila (lugar donde nació el iniciador de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero), se reunieron siete gobernadores bajo una denominación en apariencia circunscrita a los temas sanitarios del momento (Reunión Interestatal Covid-19) pero que, en realidad, constituye el mayor reto lanzado hasta ahora desde el propio plano institucional a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo las relacionadas con la salud pública.

Instalados en la casa Madero, la vinícola más antigua de América, que ha funcionado de manera ininterrumpida desde 1597, los titulares de los poderes ejecutivos de esas siete entidades plantearon que la Federación debe negociar con ellos ciertos gastos relacionados con la atención al coronavirus de esta temporada pero, también y sobre todo, reiteraron su intención de empujar nuevas reglas de asignación de fondos desde el plano federal a los estados (la demanda de un nuevo pacto fiscal nacional) y se manifestaron contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que, a su entender, frena la inversión privada en energías limpias y contra el cual estarían por actuar incluso por la vía judicial.

El punto de partida de este frente de gobernadores ha sido el noreste, con el moreirista Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila (quien fue el anfitrión), el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (quien leyó el comunicado final de la reunión) y el desfondado independiente Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León (quien busca ser punta de lanza del enardecido empresariado de esa entidad que cuenta con gran fuerza industrial)

A esta tercia norteña (aún sin el chihuahuense Javier Corral, quien sostiene un intento de entendimiento duradero con López Obrador), se sumó el panista duranguense José Rosas Aispuro, político de bajo perfil. Hasta aquí está claro el posicionamiento regional adverso a lo que consideran políticas de privilegio de AMLO hacia el sur del país. En una línea parecida podrían estar la priísta sonorense Claudia Pavlovich (aunque el PRI pretende mantenerse en tregua respecto a Palacio Nacional), el priísta sinaloense Quirino Ordaz Coppel y el panista que gobierna Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Del chihuahuense Corral ya se habló líneas arriba. Un norte dominado por la oposición a López Obrador, como puede verse (hay quienes consideran que hasta el hoy despechado Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder por la vía de Morena, podría hacer guiños a este nuevo sindicato de gobernadores).

Al bloque norteño se ha sumado una porción de los gobernadores del occidente del país, a la cabeza de ellos el supuestamente presidenciable Enrique Alfaro, de Jalisco (bien cargado de presupuesto, gracias al enorme endeudamiento que está contratando para su estado), además del tecnócrata priísta-peñista Ignacio Peralta, de Colima, y el perredista-peñista Silvano Aureoles, de Michoacán. Hay otras tres entidades colindantes que no se han sumado (¿aún?), todas a cargo de panistas: Guanajuato, con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nayarit, con el empresario Antonio Echavarría y Aguascalientes con Martín Orozco Sandoval.

La acometida de los gobernadores expresamente alineados en Parras de la Fuente corresponde al momento táctico en que consideran que la fuerza y popularidad del presidente de la República va en decremento y puede tener impactos negativos en función del curso que tome el manejo oficial del Covid-19. Desde luego, lo electoral también está entre las consideraciones principales, con la vista puesta en impedir que Morena y sus aliados mantengan la mayoría definitoria en la Cámara de Diputados en 2021.

Y, mientras el gobierno de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa, provoca inconformidad de instituciones privadas a causa de una nueva ley estatal de educación, aprobada el pasado 15 y a la que tachan de autoritaria, ¡hasta mañana!

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