n la mañanera de ayer, el presidente López Obrador detalló que el IMSS, en números cerrados, tiene registradas un millón de empresas que amparan 20 millones de trabajadores, pero en el transcurso de la pandemia han sido las pequeñas las que han cumplido, al no despedir a sus trabajadores; más de 600 mil mantuvieron su plantilla laboral; entonces, ellas fueron las escogidas para recibir crédito (del gobierno federal), y de ese total 195 mil han aceptado, hasta ahora, es decir, como 30 por ciento de ese universo.

El resto –alrededor de 400 mil empresas– son medianas y grandes, en las que, todo indica, se concentra la cancelación de plazas laborales: 130 mil en marzo y 555 mil en abril, para un total de 685 mil en ese periodo (62.5 por ciento permanentes y 37.5 por ciento eventuales).

Si con todas las dificultades habidas y por haber las pequeñas empresas han podido sortear la sacudida y mantener la plantilla laboral, con mayor razón debieron hacerlo las medianas y grandes. Sin embargo, ellas de inmediato aplicaron la receta acostumbrada –especialmente las mayores, que cuentan con el máximo potencial financiero en el mundo empresarial– del sálvese quien pueda y despedir a más no poder, sin olvidar su inmediata exigencia de que sea el Estado quien se endeude para rescatar a esos enormes consorcios privados.

Parece que no tienen memoria sobre el terrible costo social y económico que tal receta ha provocado en México. Como bien lo recuerda el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la crisis de 1995 (los famosos errores de diciembre, según el cómodo calificativo exculpatorio utilizado por Carlos Salinas) causó un aumento en la pobreza de 16 millones de mexicanos y el país tardó 12 años en revertir esa situación. Y mientras los mexicanos caían por el precipicio, la oligarquía se hinchaba de dinero con la especulación financiera (recuérdense los Tesobonos, por ejemplo) y cambiaria, al tiempo que exigía que el Estado los rescatara, lo que, dicho sea de paso, sucedió por obra y gracia de Ernesto Zedillo y sus tecnoguajiros. De hecho, el país sigue cargando con esa deuda.

Pero no quedó ahí. En la recesión de 2001-2003 el gobierno de Fox abrió la chequera para satisfacer las exigencias del grupo compacto de siempre, y para ello endeudó más al país: 687 mil millones de pesos adicionales sólo en ese periodo, sin dejar a un lado la siempre generosa condonación y devolución de impuestos.

Tampoco fue suficiente, porque –recuerda el IDIC– la crisis de 2008-2009 provocó un aumento en la pobreza por ingresos de 9 millones de mexicanos, y hasta 2018 únicamente se había logrado solucionar el problema para poco menos de 3 millones. El resto vive en un problema estructural de pobreza y marginación, sin olvidar la enorme deuda que Felipe Calderón sumó a la de gobiernos anteriores, siempre en el entendido –versión oficial– de que hay que salvar a las empresas (sólo a las grandes, en realidad). Y en ese ejercicio el débito público creció en alrededor de 800 mil millones de pesos, sólo en el periodo citado.

Y para dar una idea de lo mal que les fue a los barones mexicanos en la crisis de 2008-2009, la revista especializada Forbes nos ilustra: en 2008 la fortuna conjunta de los 8 multimillonarios autóctonos, que en ese entonces aparecían relacionados, sumaba 55 mil millones de dólares; un año después, con el mismo número de megarricos, sus haberes totalizaban 90 mil 100 millones de billetes verdes (el inventario incluía un noveno empresario: Joaquín El Chapo Guzmán, con mil millones de dólares, pero de un año para otro su riqueza no varió, de acuerdo con la publicación).

Las rebanadas del pastel

Entonces, México llegó a la recesión de 2019 y a la crisis por el coronavirus en 2020 con 61.1 millones de personas con un ingreso que no les permite superar la línea básica de bienestar (IDIC), pero como la oligarquía no tiene llenadera, pero sí una cara muy dura, lo único que exige al Estado es: Endéudate para que nos rescates, una vez más.

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