En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la Red Feminista para la Transformación, y respaldada por 186 mujeres y 90 hombres militantes y simpatizantes de Morena, alertaron que la violencia de género que sufren mujeres y niñas en el país no tiene un trasfondo ligado a la delincuencia común ni a la descomposición social, sino que va más allá en términos culturales y de patriarcado machista y misógino.

Pidieron mostrar el oportunismo de la derecha en estos temas, a la vez que toman la palabra al titular del Ejecutivo respecto a que hay que dar un paso atrás para que las personas especialistas, en este caso las feministas, dicten los cursos de acción.

Al considerar como urgente manifestar la posición de las feministas de izquierda que coinciden con la Cuarta Transformación, apuntaron que es imperativo ético buscar que las mujeres y niñas tengan una vida con justicia y libre de agresiones, en particular de la violencia que implica pertenecer al género femenino.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la violencia contra ellas no ha disminuido. Al contrario, sigue presente, señaló durante el foro Prevenir es convivir, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

En momentos en que el tema está en el debate público, respecto a si aumentó o no la violencia contra las mujeres durante el confinamiento doméstico por la emergencia sanitaria, Sánchez Cordero recordó que el día 26 dará un informe pormenorizado de cifras oficiales sobre el particular.

Desde el 9 de marzo, con el paro de labores convocado por mujeres, y luego con semanas de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la realidad de género se ha hecho aún más presente.

Curiosamente, la pandemia puso en el centro estos dos temas; ha sido algo muy interesante porque nos puso en la mesa que los hombres y las mujeres somos iguales, no solamente ante la ley, iguales en la sociedad, en la familia; debemos compartir tareas, dijo.

En la Unidad de la SG que atiende solicitudes de personas en prisión, 80 por ciento de los casos son de mujeres que no han tenido acceso a procesos justos, algunas de ellas encarceladas por haber abortado.