El tercer tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México confirmó la sentencia de nueve años contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, luego de que en 2018 se declaró culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

No obstante, la juez Isabel Porras Odriozola, magistrada del tercer tribunal unitario, revocó la decisión del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien determinó el decomiso (para su posterior venta y entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación) de 40 bienes, entre los que se encuentran 20 parcelas (que se localizan en Campeche) y 20 inmuebles (casas, departamentos y terrenos), que se ubican en la Ciudad de México, Cancún, estado de México y Veracruz.

En ese entonces el juez de control también le impuso a Duarte de Ochoa una multa por 58 mil 890 pesos, pero no le aplicó ninguna reparación del daño por considerar que, con el decomiso de los inmuebles atribuidos a sus prestanombres, quedaba cubierto.

Sin embargo, Porras Odriozola consideró la revocación, ya que manifestó se tratan de bienes de una causa penal que aún no concluye y deben regresarse a sus dueños, quienes están detenidos con procesos penales vigentes.

A principios de marzo de este año, el tribunal unitario admitió a trámite la apelación con la que el ex mandatario estatal buscaba reducir o cancelar su condena de nueve años de cárcel por dichos delitos.

Duarte de Ochoa solicitó descartar los documentos bancarios que se usaron en la acusación en su contra. Sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) violó el secreto bancario, por obtener la información sin orden judicial.

Pero, en el fallo la impartidora de justicia estimó que los datos de prueba en contra del ex gobernador veracruzano son suficientes e idóneos, por ello, descartó que fuera juzgado con pruebas ilícitas.

Asimismo, expuso que Javier Duarte consintió las pruebas, al declararse culpable de los delitos a través de un juicio abreviado que negoció con la FGR para reducir su pena y el cual se llevó a cabo en septiembre de 2018 en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Norte.

Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad; lo único exigible en primera instancia y verificable ante la alzada, en cuanto a estos tópicos, es que los datos de prueba sean suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, indica el fallo de la magistrada.