l presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, abrió la polémica nacional mediante un comunicado de prensa que alarmó a quienes creyeron entender ahí una propuesta peligrosa para su patrimonio. En particular, generó gran inquietud el uso del verbo entrar, en un párrafo del segundo punto de la propuesta del diputado con licencia que dirige al partido presuntamente en el poder.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según propuso, debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

Aun cuando la atención pública se concentró en las líneas arriba citadas, en realidad forman parte de un planteamiento de cinco puntos que trata de empujar un diálogo hacia un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que, con la vista puesta en la innegable crisis sanitaria y económica que vive el país y que de manera previsible se agudizará, intenta promover un consenso para nuevas reglas de convivencia social basadas en el concepto de bienestar (https://bit.ly/3dZzjWI).

Ramírez Cuéllar explicó ayer (Astillero Informa: https://bit.ly/3dWoZOZ) que su propuesta no implica el entrar físicamente a los domicilios de los mexicanos para verificar el patrimonio de cada cual. Además, explicó que 140 mil mexicanos son dueños de 50 por ciento de la riqueza nacional y, en términos generales, se aprovechan de sus posibilidades de planeación fiscal para pagar impuestos en menor medida que el resto de la población.

El diputado federal con licencia (presidía la Comisión de Presupuesto Público en San Lázaro) aseguró que la terrible desigualdad económica y social que vive el país obliga a pensar en términos de progresividad fiscal (es decir, que más contribuya en impuestos quien más riqueza concentre), llegando a plantear que si no hay esta progresividad fiscal, el estado de bienestar social va a ser simple y sencillamente un sueño.

Pero, los grandes ricos, que ya pagan impuestos en sus empresas, ¿deberían pagar más impuestos en cuanto a su riqueza personal? El economista que preside Morena respondió: eso de que pagan... nosotros, los contribuyentes cautivos, la clase media, sí pagamos lo que dice la ley. El problema es que ellos (los muy ricos) tienen una gran capacidad de planeación fiscal, muy agresiva, así que la tasa legalmente establecida de 30 o 34 por ciento se convierte en una realmente pagada de 3 a 11 por ciento. En todo el mundo se está haciendo una especie de catastro de los bienes que tienen las grandes fortunas.

También recordó que hay otra fuente muy grande de desigualdad, la que tiene que ver con el control monopólico, oligopólico, de una serie de bienes y servicios como es el pan, la leche, el huevo, los medicamentos, los materiales de construcción y el transporte.

La discusión no es menor. El Estado mexicano y, en concreto el Poder Ejecutivo Federal, no tendrán más posibilidades de atender las necesidades de las grandes mayorías si no hay reformas constitucionales, legales y fiscales, que extingan las viejas formas de complicidad entre las cúpulas económicas y políticas y obliguen al pago justo de impuestos a los beneficiarios históricos de esas formas de saqueo de la riqueza colectiva.

Ayer mismo saltaron a escena declaraciones pacificadoras, entre ellas las de Ricardo Monreal, jefe político del Senado. En tanto, los adversarios de Morena y del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador cargaron el acento en los aires intrusivos que encuentran en la propuesta del ex dirigente de El Barzón, que busca que el Inegi procese datos en cuanto a extrema pobreza, pero también en cuanto a extrema riqueza, con las consecuencias fiscales que amerite la situación crítica nacional. ¡Hasta mañana!

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