Domingo 17 de mayo de 2020, p. 20
El sector privado del país expresó ayer su rechazo a la decisión de la Secretaría de Energía (Sener) de emitir una nueva política para el sector eléctrico. Consideró que ésta ahuyentará la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables en plena pandemia y crisis económica.
Después de que el viernes la dependencia, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sostuvo que ello significa una plena vulneración del estado de derecho
, pues otorga facultades extralegales a la CFE en la planeación y operación del sistema eléctrico y permite probables abusos de la Sener.
Aseguró que algunas generadoras afectadas por esas disposiciones ya han recurrido al amparo y otras lo harán. Además, pedirán arbitrajes globales de inversión.
El organismo destacó que esas acciones impactan negativamente la imagen internacional de México como país destino de inversiones, ya que incrementan sensiblemente el riesgo regulatorio que, junto con una creciente precariedad económica y financiera, reduce la atractividad frente a otros posibles destinos de inversión
.
Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, expresó que es indignante la forma en que la Sener “está desmantelando de manera ilegal el sector eléctrico nacional, por lo que exigió que se cumplan las leyes.
La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que no sólo se ahuyentará la inversión del país, pues habrá más desempleo y únicamente se refleja la falta de certidumbre que hay en el país.
Enfatizó: El mercado eléctrico mayorista debe operar en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no discriminación en beneficio de todos
.
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas opinó que si bien el Estado está facultado para establecer y coordinar la política energética del país, el acuerdo preocupa porque inhibe la inversión privada nacional y extranjera.
Resaltó el papel de centralizar las actividades del sector eléctrico en el Estado, a pesar de tener una restricción severa de recursos públicos derivado del impacto de la recesión, por lo que puede profundizarse la recesión económica que enfrenta el país.