l lunes 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. El acuerdo, fechado el pasado 8 de mayo, es acompañado de las firmas de Andrés Manuel López Obrador y de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al seguir la ruta marcada en marzo y mayo de 2019, cuando con la aprobación de todos los partidos políticos se modificó la constitución y se expidió la Ley de la Guardia Nacional, respectivamente, el acuerdo ahora publicado está en concordancia con la lógica militarista de la actual y anteriores administraciones, y da continuidad a una indirecta y directa militarización de la seguridad pública del país hasta 2024, es decir, durante todo el sexenio de AMLO.

Hay que recordar que, de acuerdo con el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks, del 31 de enero de 2006, López Obrador hizo saber al embajador estadunidense, Tony Garza, que quería dar más poder y autoridad a los militares en la guerra antinarcóticos, y que para ello pretendía una enmienda constitucional que no dudaba en obtener.

Llama la atención el momento en que se publica dicho acuerdo: en plena entrada al pico más alto de los contagios de Covid-19, marcado por una fuerte disputa con una parte del sector empresarial y con medios de comunicación nacionales y foráneos; pero también cuando los dos megaproyectos emblemáticos de la actual administración, el Tren mal llamado Maya y el Corredor Interoceánico, han encontrado mayor oposición de los pueblos y sus organizaciones.

De igual forma, entre los nuevos escenarios posibles para México, como consecuencia de la crisis económica global que estaba en curso y que se agudizará con la pandemia, hay que contemplar el descontento de grandes sectores sociales que se verán afectados, así como el ascenso de la migración, y también el crecimiento y expansión de las empresas del crimen organizado, las cuales podrán nutrirse con grandes cantidades de personas que quedarán desempleadas.

El gran poder político, económico y social que la actual administración le ha entregado a las fuerzas armadas es innegable. Si bien con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la Sedena se convirtióen una gran industria constructora, esto no ha cesado con López Obrador, pues la misma construirá y dará mantenimiento a carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bancos, hospitales, infraestructura de telecomunicaciones y otras obras.

Según palabras del propio AMLO, los militares construyen ya, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, las primeras mil 300 sucursales del Banco de Bienestar de las 2 mil 700 planeadas. La Sedena también construye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y se ha anunciado que le otorgarán la construcción de dos tramos del Tren Maya. En lo que respecta al programa Sembrando Vida, se utilizan los 12 Viveros Forestales Militares ubicados en siete estados del país, desde donde se opera la distribución y entrega de las plantas.

También se ha entregado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional el control y seguridad de ductos de Petróleos Mexicanos, la distribución de medicamentos y, en días recientes, el control de algunos hospitales.

En lo que se refiere a la Guardia Nacional, en febrero pasado AMLO informó que se habían desplegado 70 mil elementos, pero que el plan implicaba tener 140 mil en todo el territorio nacional para finales de 2020.

Ni antes de la pandemia ni ahora, la ruta de la militarización era opción, sobre todo en nuestro país, donde las fuerzas militares han sido utilizadas sistemáticamente para reprimir y acallar el descontento, para perseguir y desaparecer las resistencias, y también para proteger o fortalecer los negocios de grupos criminales. Los nombres de Ernestina Ascencio y Ayotzinapa, por mencionar algunos, debieran resonar fuerte en la memoria colectiva en estos momentos.

Mientras las fuerzas armadas no sean llevadas ante la justicia por crímenes pasados y presentes, o por su participación en hechos de corrupción, el pacto de impunidad seguirá marcando su actuación. En tanto las fuerzas armadas no sean transformadas a profundidad para obedecer a los pueblos, sujetos de los que emana el poder público, son en realidad una amenaza.

El militarismo es un campo de acumulación de capital, nos advirtió Rosa Luxemburgo, tiene la función de la proletarización violenta de los indígenas y la imposición del trabajo asalariado en las colonias, en la formación y extensión de esferas de intereses del capital europeo en territorios no europeos, en la implantación forzosa de ferrocarriles en países atrasados. Aquí una posible respuesta para entender por qué tanto interés del actual gobierno en los militares: los necesitan para garantizar el orden y la paz social, para garantizar sus proyectos de desarrollo.

*Sociólogo

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