Omisión y autoritarismo
onsiderada por el gobierno federal como actividad esencial durante la pandemia, la construcción del Tren Maya sigue la ruta de la omisión y el autoritarismo. Mientras el Presidente de México anuncia su intención de ir personalmente a dar el banderazo a los trabajos, los pueblos mayas continúan el camino de los recursos legales para impedir el avance de un proyecto que, advierten, vulnera sus derechos.
El recurso más reciente que interpusieron organizaciones y colectivos indígenas y no indígenas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán fue una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violaciones al derecho a la salud, integridad personal, la vida y medio ambiente sano de la población de la península de Yucatán, debido a la construcción del megaproyecto durante la contingencia sanitaria
.
La CNDH respondió afirmativamente a la solicitud el 14 de mayo, y solicitó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), instancia encargada del proyecto, que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al Tren Maya.
Las organizaciones y colectivos peninsulares argumentan que las licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras no se clasifican como esenciales. Además de que continuar con la construcción implica que las comunidades no participen en las manifestaciones de impacto ambiental y social a que todo megaproyecto debe someterse
. Lo contrario es aprovecharse de la situación de emergencia sanitaria.
Las comunidades mayas que se oponen a uno de los proyectos estratégicos de la actual administración federal advierten que no se trata de que al terminar la pandemia continúen los trabajos, sino de que en ese momento se inicie un diálogo verdadero con ellas.
Por ahora, las medidas cautelares dirigidas a la instancia encargada son para evitar contagio y propagación del Covid-19 entre los trabajadores del proyecto y los habitantes de la península de Yucatán, medida que debe salvaguardar, por lo pronto, sus derechos a la salud y a la vida. Pero hasta el momento, Fonatur ni los ve ni los oye. Falta.
