l retorno a las actividades económicas, sociales y educativas, una vez que se hayan superado las etapas de mayor riesgo de la pandemia de Covid-19, presenta, como la propia resolución del problema, un carácter incierto. Es apropiado, pues, decir que el fin de la contingencia no dará paso a una vida pública como la que hemos conocido hasta ahora, sino a una nueva normalidad, porque resulta difícil prever cuáles serán las secuelas que el traumático proceso que la enfermedad habrá dejado en las relaciones institucionales, sociales y personales de nuestro país (y de todos los afectados por el coronavirus).

No se trata de una cuestión teórica ni de un problema sociológico, sino de un asunto práctico plagado de dificultades que es preciso encarar aquí y ahora. La recuperación de las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles, por ejemplo, plantea muchas interrogantes y muestra que entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno no hay un criterio unánime acerca de cuándo, dónde y en qué circunstancias será prudente que maestros y alumnos reanuden el ciclo escolar brutalmente interrumpido por la epidemia. De hecho, todo indica que en un buen número de estados se considera que el año terminará con clases virtuales y a distancia, y en consecuencia no habrá un retorno a las aulas propiamente dicho. Y otras entidades han descartado, en principio, reanudar las clases presenciales según el sistema de semáforos por regiones, comprendido en el plan de reapertura llamado Regreso a la nueva normalidad ideado por el gobierno federal, aun cuando funcionarios de éste han aclarado que el plan debe seguir un camino gradual, ordenado y cauto para alcanzar sus objetivos.

Tanto el presidente López Obrador como el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, enfatizaron que la vuelta a los salones de clase se produciría con base en diagnósticos de las autoridades de salud, y la reactivación tendría lugar por regiones, según un plan flexible. Es una postura razonable, primero porque las distintas realidades del país exigen distintos tratamientos para la reanudación del ciclo, y segundo porque el Covid-19 no se extiende por el territorio nacional de manera homogénea, sino que parece tener diferentes tiempos en diferentes regiones.

Pero no sólo esos factores deben ser considerados para evaluar las modalidades de ingreso a la nueva normalidad. La deficiente infraestructura, equipamiento y espacios físicos de un alto porcentaje de escuelas –en especial (aunque no únicamente) de niveles básicos–, haría imposible que se respetaran las medidas de sana distancia establecidas para disminuir los riesgos de contagio del padecimiento. Las condiciones de hacinamiento en esos planteles configuran un inocultable cuadro de inseguridad sanitaria para docentes y alumnos, a lo que se suma el hecho de que aún no está claro si la enfermedad ha alcanzado su fase más aguda. De momento son 23 las entidades federativas cuyos gobiernos han manifestado serias dudas respecto de la perspectiva de reiniciar actividades educativas a lo largo del próximo mes de junio, y es preciso, en cualquier caso, extremar precauciones para el establecimiento de zonas verdes donde se permita el reinicio de la actividad escolar con total seguridad para los participantes en la misma.