Las zonas donde mayor número de infecciones de COVID-19 se han registrado son los grandes núcleos urbanos como el oriente del valle de México, donde se concentran millones de habitantes en un par de alcaldías de la ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. A nivel internacional uno de los mejores ejemplos es Nueva York, urbe transformada en el epicentro del nuevo coronavirus Sars–Cov 02 con más de 170 mil casos hasta principio de mayo.
Sin embargo, dentro de los propio Estados Unidos, y muchos otros países, se ha cuestionado que el impacto de la pandemia en las comunidades rurales no ha sido tomado en cuenta. Algunos análisis han mostrado que la dinámica social propia de estos lugares, ha generado un mayor aislamiento social, debido a que son pocos los espacios de convivencia, los servicios de salud son escasos y la generación de un pánico colectivo en el que ante la falta de registro de casos, muchas comunidades han optado por cerrar el paso por sus territorios.
En Latinoamérica se ha identificado que la gran mayoría de las comunidades rurales viven en situación de pobreza y, a diferencia de las poblaciones urbanas, hay poco hacinamiento. Sin embargo, hay mayores distancias por recorrer para acceder a los servicios públicos, entre ellos los de salud. En algunos casos, teniéndose que recorrer rutas que podrían requerir varias horas. Sumado a la vulnerabilidad sistemática enfrentada por sus habitantes, muchos de ellos de origen indígena, a través de factores como la discriminación y la exclusión, según el reporte Respuesta a la pandemia de COVID-19 en poblaciones urbano-marginales y rurales en América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
A lo largo y ancho de la República Mexicana hay más de 188 mil comunidades con menos de dos mil 500 habitantes. El último censo de población, elaborado en 2010, reveló que alrededor de 26 millones de personas habitan en este tipo de poblaciones, las cuales son consideradas como rurales. Casi 70 por ciento de ellas cuentan con una población menor a 49 habitantes y menos de mil tienen más de dos mil habitantes.
Geográficamente, la mayoría están ubicadas en las zonas centro y sur. Sobre todo en el sureste, pues en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, cerca de la mitad de la población vive en localidades rurales. Y en el área centro, en entidades como Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz registran entre dos terceras partes y casi la mitad de la población habitando en poblados de este tipo.
Gabriela Alemán / Smug MorenitaAlgunas características de estas comunidades son que ya no sólo se enfocan a la realización de actividades económicas primarias sino que se han agregado actividades forestales y pesqueras, además de actividades secundarias y terciarias; una carencia de acceso a tierra por parte de los jóvenes; una mayor participación por parte de las mujeres; un índice de pobreza extrema de casi 20 por ciento; una segmentación de las tierras en parcelas menores a cinco hectáreas, grandes tasas de migración para llevar a cabo labores como jornaleros en los estados del norte del país o en Estados Unidos y una combinación de altas tasas de desnutrición en población infantil y de sobrepeso u obesidad, en población adulta.
Desde hace tres meses el mapa de México se ha coloreado en diferentes tonalidades de verde para ubicar aquellas entidades federativas en las que mayores índices de personas con COVID-19, conforme a los datos que todos los días comparte la Secretaría de Salud federal.
Sobre los estados con mayor población en comunidades rurales, las cifras gubernamentales muestran que son los que menores registros de infecciones tienen. Zacatecas, con menos de 200 hasta el comienzo de mayo. En igual medida, Chiapas y Oaxaca con alrededor de 250 registros y Guerrero, con casi 400, al igual que Hidalgo. Las excepciones podrían ser Tabasco y Veracruz, aunque la mayoría de los casos han sido detectados en sus áreas urbanas.
Ante tales estadísticas, se plantea la duda sobre si en realidad, en estas comunidades hay muy pocos casos, o más bien, hay una escasez de labores de detección y atención. En general, las cifras oficiales han sido ampliamente cuestionadas, por lo que investigadores de diferentes institutos, centros y programas de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México implementaron su propio sistema de medición, basado en la recopilación de estadísticas a nivel nacional, estatal y municipal, ofreciendo datos como los casos inferidos e información de cada municipio del país.
De esta manera, es posible, dar seguimiento a lo que ocurre en cada uno de los 2458 municipios existentes en México, observándose, que en muchas de las áreas rurales del país aún no se han notificado casos, pero que en zonas cercanas a ellas, hay registros, por lo que no se descarta una posible transmisión en algún momento.
A partir de estos datos, un grupo de investigadores elaboró un Índice de Vulnerabilidad en México ante la COVID-19, el cual mide las condiciones vulnerables de cada municipio a nivel demográfico, de salud y socioeconómico.
Mediante la conjunción de estos elementos que permiten conocer las características de la población, en específico, las socioculturales, para saber las posibilidades de acceso a los recursos de información; la infraestructura y servicios hospitalarios y al personal médico disponibles en cada municipalidad, y el bienestar de la población en términos de satisfactores básicos, derechos y capacidad económica, se determinó que había grados de vulnerabilidad media, alta, muy alta y crítica.
Así, el grupo de investigadores, que incluye geógrafos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, geofísicos, entre otras especialidades, halló que 7.5 por ciento de la población nacional presenta un grado crítico de vulnerabilidad frente a la pandemia, debido a que habita en municipios rurales, donde se registra un porcentaje alto de personas mayores de 60 años y un grueso significativo de población indígena. Sumado a que, en la mayoría de esos municipios, hay escasos servicios de salud y presentan tasas de marginación muy por arriba de la media nacional.
La mayoría de estos municipios se encuentran localizados en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la Huasteca veracruzana y poblana, así como en el sur de Durango, Sierra Rarámuri de Chihuahua y Yucatán, donde el acceso a los servicios básicos es muy limitado.
En estos municipios en situación crítica si bien es cierto que no hay casos de COVID-19 registrados hasta el momento, el impacto de la pandemia puede ser muy negativo para la economía local, advierte el documento, que a manera de recomendación, señala que se tomen las medidas necesarias para evitar un brote en estas localidades debido a la carencia de estructura y de personal para dar respuesta, panorama que podría conllevar a una emergencia crítica. •
