California El jornalero incómodo: trabajador esencial [pero] indocumentado

Como una medida de contención del COVID-19, el gobierno norteamericano determinó la suspensión de un gran número de actividades económicas, exceptuando las consideradas esenciales. Las cadenas agroproductivas entraron en esta clasificación, por lo que la agricultura ha continuado con sus operaciones regulares.

California es el estado que concentra la mayor cantidad de jornaleros: cerca de 900 mil, que equivalen a entre un tercio y la mitad de un total estimado en 2.3 millones de personas. En gran medida esa fuerza de trabajo se compone de trabajadores con condiciones precarias y según la NAWS el 49% carece de documentos. Sin embargo, la magnitud de la emergencia sanitaria condujo a una tregua tácita en la deportación de trabajadores sin papeles. En caso de ser abordado por personal del ICE (Immigration and Customs Enforcement Agency), con una breve nota del empleador indicando que el portador trabaja en una actividad esencial, basta para no ser detenido. La cadena agroalimentaria debe seguir operando en el contexto de la pandemia.

Los trabajadores agrícolas en California presentan un espectro variado de condiciones que va desde quienes gozan de ciudadanía plena, los que tienen residencia permanente (green card) o permisos temporales (visados H-2A para trabajo agrícola temporal) hasta los indocumentados.

Debido al cierre total o parcial de consulados y embajadas de EEUU en los países de origen de los jornaleros (señaladamente México), y como medida de apoyo a los agricultores en el contexto del COVID-19, los procedimientos burocráticos para la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros vía los visados H-2A se han simplificado. Este tipo de programas de trabajo temporal ha revivido un debate ya secular sobre su papel como factor que intensifica la precariedad de las condiciones de trabajo de los jornaleros ya establecidos (con o sin “papeles”).

El hecho de que el trabajador agrícola continúe laborando en el contexto de emergencia sanitaria tiene varias implicaciones. Para los migrantes asentados tiene repercusiones en sus ingresos y en las limitaciones para protegerse ante la pandemia. A partir del cierre de escuelas, muchas familias se han visto precisadas a encomendar el cuidado infantil a los hermanos mayores, o bien recurrir a los servicios informales de guardería con conocidos, lo que implica una erogación monetaria adicional. Además, estos trabajadores no cuentan con las condiciones requeridas para evitar los contagios; ni en los campos de cultivo, ni en la vivienda —el hacinamiento es común—, ni en el transporte hacia el lugar de trabajo.

Para quienes poseen visas H2A, es común encontrarse con lugares de alojamiento que no cuentan con las condiciones adecuadas. En el estado de Washington varias organizaciones civiles y de trabajadores agrícolas lograron que el gobierno estatal determinara que la vivienda destinada a los trabajadores temporales contratados con visados H-2A fueran espacialmente redistribuidas, a fin de que se aplicaran los lineamientos de distanciamiento social. La respuesta no se hizo esperar y diversas asociaciones de agricultores del estado objetaron la nueva reglamentación, argumentando que su aplicación incrementaría los costos y volvería insostenible la contratación de los jornaleros. El caso se encuentra en plena disputa.

A lo anterior se suman los riesgos de enfermedades endémicas en algunas regiones rurales, como es el caso de la Coccidioidomicosis o “Fiebre del Valle”, que consiste en una infección por hongos que ataca principalmente los pulmones y en casos avanzados puede ocasionar la muerte. La carencia de seguro médico, común entre los jornaleros, agudiza el problema. La NAWS reporta que sólo el 47% cuenta con un seguro médico, mayormente de los llamados seguros insuficientes; sólo cubren una fracción del coste de los tratamientos.

La cadena agroalimentaria debe seguir operando en el contexto de la pandemia.

Por otro lado, las medidas de mitigación económicas aplicadas por el gobierno norteamericano han resultado insuficientes y excluyen a una proporción muy alta de jornaleros. La entrega de 1,200 dólares por adulto llega solo a quienes cuentan con “papeles”. A contrapelo de las políticas de Washington DC, el gobierno de California, con auxilio de asociaciones filantrópicas, ha creado un fondo de 75 millones de dólares a fin de asignar 500 dólares por una sola ocasión a 150 mil trabajadores sin documentos. El número de beneficiarios será muy reducido, pues en el universo de potenciales beneficiarios se incluyen tanto a los trabajadores del campo como a los de la ciudad.

A pesar de las dificultades señaladas, el solo pensar en el cierre de los campos y con ello perder su fuente de subsistencia, ha llevado a muchos jornaleros a expresar: “no es bueno que estén duro y duro con eso del coronavirus, lo único que van a conseguir es que nos dejen sin trabajo”. La preocupación es legítima, los riesgos son altos y los costos corren mayormente por cuenta de quienes hacen posible la próspera agricultura californiana. •