El COVID-19 y la chatarrización alimentaria de México

La imposición del modelo neoliberal, de revolución verde y la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han causado dependencia alimentaria, migración forzada, violencia, hambre, pobreza y una epidemia de diabetes, obesidad y sobrepeso, derivada de la mala alimentación.

Ante la pandemia del COVID-19 este modelo de alimentación “chatarra” surte efectos desastrosos en las personas que padecen sobrepeso y las enfermedades asociadas a esta condición. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la comorbilidad asociada a los lamentables fallecimientos está mayoritariamente relacionada con problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, EPOC, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, asma y VIH o sida (gráfica 1).

En México, a diferencia de otros países, el promedio de edad de quienes mueren es de 59 años (gráfica 2). La causa de que las muertes en México se den a una más temprana edad que en otros países es, justamente, los problemas de salud que enfrenta la población mexicana, vinculados con una mala alimentación.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero del gobierno en el tema de la pandemia, ha mencionado en numerosas ocasiones que “cada año mueren 600 mil mexicanos y la mitad de esas muertes son causadas por la mala alimentación”, además de que la “responsabilidad de esa mala alimentación no es solo de las personas, sino también de una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados que tienen cuatro excesos: de sal, grasa, azúcar y calorías”¹.

La estrategia que implementó el gobierno de México para enfrentar la pandemia del COVID-19 ha sido blanco de ataques y críticas a las que se suma una enorme difusión de información falsa. Sin embargo, llama la atención que dichos cuestionamientos parecen tener un sentido más “político” y de cuidar los intereses creados durante años, que de salvaguardar la salud de la población.

En días pasados el dr. José Narro Robles (exsecretario de Salud con Peña Nieto) se placeó por diversos medios de comunicación cuestionando la estrategia implementada por el gobierno de México para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19 y en particular acusó a López-Gatell de “mentir” a los mexicanos, ya que según él y otros exsecretarios de salud “no son creíbles los datos que presenta el gobierno federal sobre el avance de la pandemia de coronavirus”.

Es importante mencionar que en 2017, Narro Robles, intentó imponer como director del Instituo Nacional de Salud Pública (INSP) a Pablo Kuri Morales (ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud). Ante este acto, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los peligros que representaba esta intentona de “apoderarse” del INSP. Dicha presión causó efecto y la junta de gobierno presidida por Narro Robles (a pesar de su evidente molestia) y un comité de auscultación eligió al Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco.

El INSP encabezado por el Dr. Rivera Dommarco y un grupo amplio de investigadoras e investigadores han sido parte fundamental, junto con muchas organizaciones de la sociedad civil, de la lucha a favor del etiquetado frontal de alimentos y bebidas ultrapocesados.

Desafortunadamente, México apostó durante años por importar alimentos y malnutrir a la población. Y, ante esta pandemia, vemos con mayor visibilidad los estragos de esta “chatarrización alimentaria”. Por ello, es relevante que las voces de organizaciones campesinas, indígenas, de consumidores, ambientales, urbanas y miles de ciudadanos de a pie, sean escuchadas con más fuerza, para implementar un nuevo modelo agroalimentario y nutricional. •