Vulnerabilidad y precariedad de los cosecheros en Argentina

Argentina es un país de tradición vitivinícola; según la International Organization of Vine and Wine, es el quinto productor mundial de vino. Mendoza, perteneciente a la región de Cuyo, es, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (2020), la principal provincia vitivinícola del país, con el 71% de la superficie de vid implantada (151,500 hectáreas), 68% de las uvas cosechadas (17,100,000 quintales) y 71% de los vinos y mostos elaborados (13,133,000 hectólitros).

La cosecha, tarea que demanda mayor cantidad de trabajadores, estaba en plena ejecución el 20 de marzo pasado, cuando el gobierno argentino determinó el aislamiento social obligatorio y preventivo de la población frente a la declaración de la pandemia COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Al tratarse de una actividad considerada esencial, los actores involucrados (trabajadores, sindicatos, empresarios y organismos de gobiernos) enfrentaron diferentes desafíos y conflictos para completar esta tarea definitoria para la producción.

En Mendoza, la cosecha de uva -ejecutada entre febrero y abril- se realiza en gran proporción de forma manual (70%) e involucra de manera temporal entre 15,000 y 20,000 cosechadores. La cosecha manual se organiza a partir de cuadrillas de 20 personas, a quienes se les entrega una gamela de 18 a 20 kg de capacidad y una tijera cosechera. Para realizar la tarea llenan la gamela que transportan al hombro hasta el camión que lleva la uva a la bodega. En promedio, un trabajador cosecha entre 60 y 90 gamelas diarias, dependiendo de su velocidad y el rendimiento del viñedo.

La mayoría de estos trabajadores se encuentran cubiertos por un régimen legal no nominal (convenios de corresponsabilidad gremial) sumamente precario, que no implica mejores condiciones de ocupación para los trabajadores. Esta desprotección se agrava para los trabajadores migrantes transitorios que proceden en gran parte de provincias del norte del país. La mano de obra migrante, que representa aproximadamente el 20% de los cosecheros, es resultado de una estrategia empresarial de segmentación de la fuerza de trabajo más que de posibles déficits de oferta de mano de obra local.

Las malas condiciones de vida y trabajo que afectan a los cosecheros se profundizan en el marco de las amenazas que implica el brote de COVID-19. El transporte hacia los sitios de producción de las empresas de mayor tamaño se realiza en autobuses con capacidad para trasladar un par de cuadrillas; en los establecimientos más pequeños suele llevarse a cabo en las cajas de los camiones. Los baños o instalaciones sanitarias son pocos en los lugares de trabajo y cuando existen, por lo general, resultan de difícil acceso por las distancias.

Las condiciones de hábitat y vivienda de las familias de los cosechadores se suman a las condiciones de riesgo presentes en los lugares de trabajo. Las situaciones de hacinamiento y la limitada disponibilidad de infraestructura sanitaria como la ausencia de agua corriente dentro de la vivienda o del baño, son una traba para acatar los cuidados básicos recomendados. Para los trabajadores migrantes este escenario puede empeorar dadas las condiciones de alojamiento prevalecientes.

Los sanitarios están alejados de las zonas donde se lleva a cabo el trabajo.

Frente a la cuarentena, mientras que los empresarios buscan acelerar las tareas de cosecha, la provincia define un protocolo que establece medidas destinadas a garantizar la higiene y el distanciamiento social como el lavado de manos, la limpieza de comedores, respetar distancias en la ejecución de tareas y en el traslado de los trabajadores, etc.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) señala que el ámbito apropiado para discutir condiciones de trabajo es el marco de los convenios colectivos y plantea suspender la cosecha, dado que en los lugares de trabajo no se respetan las medidas mínimas de cuidado. Las entidades empresariales sostienen que el sindicato no garantiza la condición de esencialidad que el decreto presidencial otorga a la actividad y reclaman el normal desenvolvimiento de la cosecha. En este escenario se abre un espacio de negociación para la aplicación del protocolo que pauta la forma de llevar adelante la cosecha y FOEVA requiere en el marco del convenio colectivo de trabajo la ampliación de las medidas tomadas. Sin embargo, avanzada la cosecha el sindicato denuncia el incumplimiento del protocolo en la mayoría de las fincas por la falta de controles que lo convierte en declaraciones de buena voluntad.

Una consecuencia de la restricción a la movilidad entre provincias fue la aglomeración de cientos de trabajadores migrantes transitorios en la terminal de autobuses de larga distancia de Mendoza. Esta situación se sostuvo hasta fines de abril dadas las prohibiciones existentes y la falta de coordinación entre algunas autoridades departamentales locales y de las provincias de origen de los trabajadores.

Los hogares de estos trabajadores perciben los beneficios que el gobierno nacional implementó para los sectores más vulnerables del país. De esta manera, aquellos cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH), transferencia monetaria directa a familias con menores no alcanzados por las asignaciones familiares contributivas, reciben un ingreso adicional correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia. Los trabajadores informales cuyas familias no están cubiertas por la AUH pueden acceder a estos ingresos previa inscripción en un registro. Esta inscripción puede dificultarse dada la modalidad de implementación que demanda el acceso a una computadora personal y servicio de internet. En tanto que las familias perceptoras de AUH con mujeres embarazadas o niños de hasta seis años que perciben la Libreta Alimentaria son alcanzadas por partidas adicionales que refuerzan los montos originalmente otorgados. Además, el gobierno actualizó la suma de dinero otorgada a través del Programa Intercosecha a los trabajadores migrantes temporarios procedentes del norte del país.

Las condiciones económicas, sociales y laborales se vieron afectadas por la pandemia profundizando las desigualdades sociales existentes en nuestras sociedades. Los trabajadores, engranaje esencial de la producción de vinos de calidad para el consumo de sectores medios y altos del mercado global, trabajan y viven en condiciones sumamente precarias que incrementan su vulnerabilidad frente a la pandemia del COVID 19. •