Comercializadoras de maíz hacen su agosto durante la pandemia

Diversas organizaciones de productores de masa y tortillas aseguran que desde inicios de marzo los precios del maíz que las tortillerías compran se han incrementado entre 300 y 800 pesos por tonelada. Hasta ahora, el precio de la tortilla no ha aumentado significativamente, sin embargo, preocupa saber por cuánto tiempo más los productores podrán absorber el encarecimiento de su principal insumo.

Las seis mayores comercializadoras de granos que operan en el país justifican el aumento del precio por la subida del dólar y las fluctuaciones en el precio del maíz en la bolsa de Chicago (especializada en la cotización de futuros agrícolas y otras materias primas). Incluso si la FAO define la volatilidad de los precios agrícolas como nueva normalidad, es justo preocuparse y ocuparse en impedir que esta época de COVID-19 coincida con una nueva crisis de la tortilla.

A finales de marzo, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, preocupado por el destino de las numerosas tortillerías que representa, hizo un llamado al gobierno federal para que interviniera y regularizara el mercado del maíz.

Para averiguar si, en efecto, los precios del maíz en el país aumentaron durante marzo y abril, es suficiente consultar los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Como se reporta en la gráfica, la tonelada se encareció entre 250 y 700 pesos en centrales de abasto de las ciudades más representativas del país. Si bien es un indicador útil, es importante notar que éstos no son los precios a los cuales compran los tortilleros, quienes suelen comprar maíz a distribuidores locales, a su vez abastecidos por las grandes comercializadoras.

Hay evidencia para sugerir que el gobierno federal, a través de la Profeco, instruyó una verificación del aumento del precio al cual Maseca compra su maíz. Dicha empresa, además de ser la mayor vendedora global de tortillas y de harina de maíz, es propietaria de GIMSA, una de las seis mayores comercializadoras en México. Maseca aseguró a la Profeco que sus precios de compra no han aumentado durante 2020 y, en una reunión el 7 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso en mantener los precios de la harina estables. Sin embargo, el error de las autoridades es no percibir la asimetría entre el poder adquisitivo de Maseca y el de los pequeños tortilleros, que le permite comprar a precios mucho más bajos. Además, es importante notar que, por ser a la vez comercializadora y procesadora, ahora Maseca está procesando maíz adquirido a precios menores en la cosecha del año pasado.

Fuente: Elaboración propia con datos en línea del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. * Precio promedio de dos centrales de abasto.

A pesar de lo anterior, desde el 28 de marzo la Profeco ha insistido en que no hay razón para que las tortillerías incrementen sus precios, visto que el abasto de maíz blanco está garantizado. La Procuraduría encomienda a los productores de tortillas a solidarizarse con los consumidores, mientras amenaza con multar a quienes aumenten los precios. Esto refleja un análisis escueto, según el cual la escasez sería la única razón para justificar el aumento del precio. En realidad, como diversas organizaciones de productores de masa y tortilla lo han señalado, el problema es mucho más complejo y grave: tiene sus raíces en dinámicas de acumulación y especulación de las grandes comercializadoras.

Es fundamental notar en qué punto de la estructura de la cadena maíz-tortilla se eleva el costo y a partir del cual repercute en los eslabones siguientes. La mayor parte del maíz blanco del país es adquirido por seis grandes comercializadoras. El oligopolio que han establecido les permite determinar los precios y aumentar sus ganancias en medio de una crisis de salud pública, dando origen potencialmente a una crisis alimentaria.

Todo parece indicar —y la historia de la crisis de la tortilla de 2007 lo hace evidente— que las comercializadoras son quienes tienen el poder de dictar las reglas del juego y de conservar un as bajo la manga que les permita ganar la partida holgadamente.

En lugar de negar el alza del precio, el gobierno haría bien en reunirse con las organizaciones de base integradas por los tortilleros, así como con investigadores y especialistas con una óptima visión sistémica e histórica de la cadena. Es fundamental dar a luz a un plan alimentario de emergencia que evite una nueva crisis de la tortilla y procure resiliencia a lo largo de la cadena, fortaleciendo la conexión entre el Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria de Maíz y los pequeños productores de masa y tortilla.

Para evitar que las comercializadoras sigan utilizando una crisis de salud pública para acaparar maíz, incrementar sus reservas y provocar un aumento artificial de los precios, el gobierno tiene que ser más maquiavélico que ellas. Proteger a sus consumidores significa regular el mercado del maíz y evitar que las comercializadoras banqueteen con el hambre. •