tres años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas la justicia plena sigue pendiente. En los 36 meses transcurridos desde que el corresponsal de este diario en Sinaloa fue ultimado a tiros en las inmediaciones del semanario Ríodoce, del cual fue fundador, lo único que se ha establecido de manera irrefutable es que el crimen estuvo motivado por el afán de acallar su trabajo periodístico: así lo han admitido quienes se encuentran presos por el homicidio, pero además se sabe que el también autor de varios libros sobre el narcotráfico y la violencia delictiva fue objeto de repetidas amenazas anónimas en los tres meses previos a su muerte.

Aunque las pesquisas presentan avances, están lejos de una conclusión satisfactoria: de los tres asesinos materiales identificados, Luis Idelfonso N, El Diablo, habría sido asesinado el 29 de septiembre de 2017 en San Luis Río Colorado, Sonora; Francisco N, El Quillo, se encuentra detenido por los delitos de homicidio cometido con premeditación y ventaja, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Hasta ahora, la única condena firme se emitió el pasado 28 de febrero a Heriberto P, El Koala, quien aceptó un procedimiento abreviado por el que se le sentenció a 14 años y ocho meses de prisión. El Koala admitió su responsabilidad como coautor material en consumación instantánea y carácter doloso en el homicidio del corresponsal de La Jornada.

En contra, el autor intelectual acreditado por el crimen, Dámaso López Serrano, El Mini Lic, no ha enfrentado la acción de la justicia por contratar y pagar a los tres delincuentes mencionados para que asesinaran a Javier Valdez. Integrante del cártel de Sinaloa e hi-jo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los hombres más cercanos a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, El Mini Lic se entregó a las autoridades migratorias estadunidenses en julio de 2017, se convirtió en informante de la agencia antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés), y el próximo 11 de junio recibirá sentencia por cargos de narcotráfico. El pasado 29 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la solicitud formal de detención con fines de extradición en contra de López Serrano, pero hasta ahora no se sabe de avances en el proceso para que las autoridades estadunidenses lo entreguen a las mexicanas.

Es urgente que la SRE obtenga la extradición del único autor intelectual señalado hasta el momento y que el Poder Judicial investigue a fondo tanto su implicación como las posibles complicidades con que haya contado, pues sólo de esta manera se podrá avanzar hacia el total esclarecimiento del caso y la consecución de una justicia plena. De no ser así, prevalecerá la impunidad que caracteriza a la violencia homicida que tiene lugar en la nación y, muy en particular, a la que se perpetra en contra de periodistas: resulta inevitable recordar la insatisfactoria y deficiente investigación que el gobierno de Chihuahua ha conducido tras el asesinato contra Miroslava Breach Velducea, colaboradora de este diario ultimada apenas siete semanas antes que Javier. Sin saber que sería víctima de la misma forma atroz de censura, el sinaloense expresó sobre su colega que a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos,si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.

Como lo fue para Javier, Miroslava y las decenas de periodistas asesinados en México antes y después que ellos, el ejercicio de informar continúa siendo una actividad de alto riesgo, y únicamente dejará de serlo cuando se corte la cadena de impunidad que facilita atentar contra las vidas de los informadores. Por eso, el esclarecimiento de todos los homicidios es un deber de estricta justicia, pero también el primer requisito para que pueda hablarse de una auténtica libertad expresión en el país.